Estamos claros que Daniel Ortega es el responsable principal de la debacle política, económica, social y moral que se ensaña sobre nuestro país. Sin embargo, señalar la cabeza del dictador no puede llevarnos a eximir de responsabilidades a quienes sirven de coautores, secuaces, cómplices o encubridores de los atropellos, desmanes y fechorías que se cometen en todos los ámbitos de la vida nacional. Ortega impuso su régimen porque cuenta con una corte de sirvientes que acatan dócilmente su voluntad y, por hacerlo, reciben prebendas, privilegios y beneficios. Unos más, otros menos. Pero, en general, todos, algo agarran.
En comentarios recientes nos hemos referido a la corrupción, principalmente a la corrupción en los más altos niveles. Hemos descrito, con detalle, los escandalosos latrocinios con el combustible y la electricidad. Hemos señalado que informes recientes de prestigiosas organizaciones internacionales, como Transparencia Internacional, colocan al régimen de Ortega como el más corrupto de Centroamérica, que ya es decir mucho. Lo ubican también como el tercero, entre los peores, en América Latina, solamente detrás de Venezuela y Haití. Y figura en el tramo de los más corruptos a nivel mundial.
La corrupción se ha desbordado porque los corruptos cuentan con el manto protector de la impunidad, toda vez que las instituciones establecidas con el propósito de investigar, perseguir y enjuiciar a los delincuentes ni ven, ni oyen, ni sienten. O, más bien, sí oyen, ven y sienten, pero solamente al momento de recibir las prebendas en compensación por su complicidad. Ya lo decíamos: Nicaragua es el único país del mundo, o si acaso uno de los poquísimos, donde los actos de corrupción son investidos con investidura de ley y amparados por las instituciones legalmente obligadas a combatir la corrupción.
Comencemos por la Contraloría General de la República. Según la letra de la Constitución es el organismo rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado.
La contraloría tiene, entre sus competencias y obligaciones legales, prevenir, controlar y evaluar la administración de los fondos públicos. Es decir, es el ente a cargo de velar por el patrimonio nacional y por el buen uso de los recursos del Estado, los cuales provienen, no está de más decirlo, de los impuestos que paga la ciudadanía y de los créditos internacionales, que a la postre todos pagamos. También de las donaciones que los donantes con buena intención canalizan para beneficiar a la población.
Cinco funcionarios encabezan la Contraloría, son electos por la Asamblea Nacional. Actualmente están repartidos entre partidarios del Frente Sandinista y del PLC.
Para hablar con fundamento, resolvimos visitar el sitio web de la Contraloría. No es mucho lo que informa, pero con los datos que allí aparecen es más que suficiente para constatar lo siguiente: De acuerdo a la última información publicado en el sitio web, en el 2019 realizaron 121 auditorías. Esta cifra por sí sola no dice mucho, pero si la comparamos con las auditorías que realizaron en el 2015, nos encontramos que apenas fueron la mitad de las auditorías. En otras palabras, a en el 2019 la Contraloría trabajó la mitad que cinco años antes.
Así, mientras la corrupción marchaba a galope tendido, los flamantes contralores se abanicaban en sus laureles. Disminuía el trabajo pero naturalmente, no disminuyó el presupuesto. 240 millones de córdobas fue el presupuesto de la Contraloría en el 2019.
¿Y qué resultados arrojaron las auditorías que practicaron en el 2019?
Los resultados fueron los siguientes: En los poderes del estado cero resoluciones. Las auditorías en los ministerios, una resolución. Auditorías en las universidades, cero resoluciones. Solamente encontraron presunciones de responsabilidad penal en unas pocas alcaldías por cantidades de dinero irrisorias. Como de costumbre, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Los jerarcas del régimen salieron impolutos. Limpios y puros. Sin excepción.
Faltaba decir que en la Contraloría tienen algo que se atreven a llamar “Código de ética”. Vamos a citar dos de los principios contenidos en ese código para que veamos que los contralores no trabajan, pero sí tienen sentido del humor. Aquí van dos de los principios que deben acatar los funcionarios de la Contraloría: integridad, esto es, cumplir sus funciones de manera recta y diligente, privilegiando el interés público por encima del suyo propio. Independencia, en el sentido que deben estar libres de influencias o circunstancias que comprometan o puedan ser vistas como que comprometen su juicio profesional. Agregan la frase: ser y parecer.
En este caso hay que decir que los contralores sí hacen mérito a la frase ser y parecer: Son lo que parecen y parecen lo que son: Son los guardianes de la corrupción del régimen.