Cuando el jet set empresarial de Nicaragua pactó con Daniel Ortega un modelo que ambos denominaron de “Diálogo y Consenso”, pensaron sin lugar a dudas en las jugosas ganancias que obtendrían por largo tiempo, de hecho, cuando Ortega maniobró para que se desconociera el mandato constitucional que prohíbe expresamente la reelección presidencial, la cúpula empresarial respaldó dicha maniobra. Y los resultados están a la vista.
El gran capital, por la vía de diferentes figuras, más o menos legales, pero carentes de legitimidad, recibieron entre 2007 y 2020 exoneraciones por la astronómica cifra de 13 mil millones de dólares (O. Vargas, La Mesa Redonda del 25/04/2024), producto del oneroso “Diálogo y Consenso”. La Ley 306 de Incentivos para la Industria Turística, que Ortega heredó de su cómplice Arnoldo Alemán, ha sido aplicada con suprema ilicitud para exonerar, por sólo mencionar un ejemplo, el Impuesto de Transmisión de Bienes Inmuebles (IBI) que debe enterar el mega proyecto llamado Guacalito de la Isla, propiedad del empresario Carlos Pellas; un negocio de 1 billón de dólares.
El contínuum de la arquitectura socioeconómica diseñada desde inicios del período post colonial sigue vigente a través de pactos, componendas, revoluciones, elecciones amañadas y otros ardides que las élites han manipulado hábilmente, con el propósito de establecer un extensamente beneficioso modelo de distribución del ingreso, condenando paralelamente a las mayorías a la inmovilidad social, propia de modelos vetustos por los que hemos transitado, y que las cúpulas han promovido como única alternativa posible de vida.
Lo que estos tramposos empresarios desconocían, al igual que Ortega y su camarilla, era la terca voluntad del pueblo nicaragüense de buscar la senda de la democracia, la libertad y la prosperidad, valores y beneficios que las cúpulas politiqueras y pseudo empresariales han escamoteado por siglos a las mayorías trabajadoras y emprendedoras, llegando al extremo de proponer una salida negociada de Ortega, la cual implicaba unas elecciones “libres” en las que el mismo criminal de lesa humanidad participaría como candidato.
Hoy las cosas van por el mismo camino, es de dominio público que los banqueros se han prestado a las órdenes de Ortega, tal como corresponde a un cómplice, congelando – ¿o confiscando? – delictuosamente las cuentas bancarias de muchos exiliados, traicionando la confianza de los depositantes; en esto también seguramente van un conjunto de leyes violentadas que esperamos que los abogados especialistas en la materia diluciden ese tema, y orienten a esos depositantes sobre los pasos a seguir para demandar a los banqueros responsables de ese delito, así como el reclamo del lucro cesante, o lo que corresponda.
Estamos pues frente a un enemigo dictatorial que junta fuerzas con sus socios empresarios para conservar sus privilegios y abusos; y ahora ese enemigo bicéfalo procura hacernos creer que su tórrido matrimonio de “diálogo y consenso” ha llegado a su fin, pero los hechos demuestran lo contrario, de un matrimonio que ya no puede ser público, ha mutado a un concubinato que es igualmente dañino. Las deudas contraídas por el régimen deben pagarse a los acreedores internacionales, pero contamos con un mullido colchón de reserva financiera para hacer frente a esa deuda: los 13 mil millones de dólares en exoneraciones que legalmente deben los empresarios al pueblo de Nicaragua.
Ezequiel Molina
Mayo 8, 2024