Más nicaragüenses están rechazando la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida también como “Ley Putin”, con la cual el régimen de Daniel Ortega busca controlar el financiamiento externo a personas naturales y jurídicas en Nicaragua. Este miércoles varias féminas, miembros del movimiento “Pico Rojo” se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso por inconstitucionalidad contra dicha legislación.
“Es una ley que nosotros llamamos ‘Ley Putin’ porque extranjerizar a todo el pueblo de Nicaragua, intenta impedir que asociaciones y personas puedan recibir apoyo internacional para proyectos de atención, de filantropía o de cualquier otro tipo”, declaró a La Mesa Redonda, la activista Marlen Chow, líder de las “Pico Rojo”.
Para Chow, esta ley es “completamente innecesaria”, y atenta contra la libertad de los nicaragüenses. “Somos el movimiento ‘Pico Rojo’ y estamos solidarios con cualquier acción del pueblo de Nicaragua”, agregó.
El movimiento que nació en octubre de 2018 en las celdas del antiguo ‘Chipote’, espera que la CSJ se pronuncie por inconstitucionalidad contra la “Ley Putin”.
“Nosotros estamos aquí como movimiento Pico Rojo, para decir ¡basta ya! No queremos más situaciones en las cuales está coartándose la libertad, los derechos humanos, todo lo que signifique ser nicaragüense ahorita está siendo cortada en pedacitos, la Constitución está siendo socavada”, dijo Angelita Saballos.
Mirna Moncada, aseguró que el primero que debería ser penalizado con la Ley de Agentes Extranjeros es el régimen de Daniel Ortega “que ha manejado más de 5.000 millones de dólares solo de la cooperación venezolana, sin contar con el resto de recursos que ahorita por ejemplo van más de 1.300 millones por los huracanes”.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros —aprobada por el Parlamento bajo control del orteguismo— entró en vigencia el 19 de octubre y comenzará a aplicarse a partir del 19 de diciembre.
La ley de agentes extranjeros establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos a las personas, además de la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG, si el régimen Ortega-Murillo considera que estas intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Esa ley clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”, según el texto.
Asimismo, establece que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses, justo cuando falta menos de un año para las elecciones que decidirán el futuro del dictador Daniel Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007.