El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) expresó este viernes su rechazo a la creación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Nicaragua, a la que calificó como una institución destinada a profundizar la persecución contra opositores, disidentes y cualquier persona que no muestre “sumisión” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un comunicado, la organización recordó que en el pasado esa figura sirvió a dictaduras previas y advirtió que su resucitación tiene un propósito eminentemente político.
“No existía la necesidad jurídica de resucitar a este fantasma, porque todas las entidades del Estado están sometidas a los codictadores”, señaló.
Un mecanismo de control absoluto
CALIDH considera que el verdadero objetivo no es combatir la corrupción, sino centralizar aún más el poder en manos del régimen, incluso sobre instancias como la Fiscalía General, la Procuraduría General de la República y la Contraloría, que en la práctica están desprovistas de independencia.
“No se desea tener cadenas de mando para la persecución, por eso es por lo que la PGJ está directamente sometida al gobierno sandinorteguista”, advirtió la organización.
Juicio justo demolido desde 2018
El organismo recordó que las garantías del debido proceso y el juicio justo dejaron de existir desde el inicio de la represión en 2018, cuando la Fiscalía y los tribunales comenzaron a emitir acusaciones “irrisorias” y sentencias en formato de “copia y pegue” contra opositores.
“Mas no deja de ser gravísima la centralización de absolutamente todo el aparato de represión y terror, incluido el ejercicio descontrolado de la acción penal”, agregó CALIDH.
CALIDH, con sede en el exilio, acompaña jurídicamente a víctimas de la represión estatal y a sus familias en la búsqueda de justicia ante instancias internacionales. La organización subrayó que continuará documentando y denunciando los abusos del régimen Ortega-Murillo, al que acusa de utilizar el derecho como herramienta de represión política.
Procuraduría General de Justicia
Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el orteguismo, aprobaron el pasado 6 de agosto en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución que crea la Procuraduría General de Justicia (PGJ), bajo el lema “Todos contra la Corrupción”.
La medida fue avalada por unanimidad con 91 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, en lo que analistas interpretan como una maniobra del régimen Ortega-Murillo para reforzar su control político y judicial, en medio de una ola de detenciones de históricos cuadros del sandinismo.
La reforma modifica los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución y sustituye toda referencia a la actual Procuraduría General de la República por la nueva PGJ, un ente con amplias atribuciones para perseguir delitos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.
Según el texto aprobado, esta nueva entidad judicial representará legalmente al Estado y ejercerá funciones acusatorias “con profundo compromiso revolucionario y patriótico”.
La PGJ asumirá funciones que actualmente desempeñan el Ministerio Público y otros órganos similares, lo que centraliza aún más el poder judicial bajo la autoridad de la dictadura.
El documento aprobado establece que todo acto que vulnere las leyes de probidad será sancionado con “las máximas penas”, y que la lucha contra la corrupción será “implacable y cotidiana”.