Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua, a propuesta de los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobaron el jueves una reforma parcial a la Constitución Política, la cuarta en lo que va del año, todas promovidas por la dictadura.
La nueva enmienda constitucional, aprobada de forma expedita y por unanimidad, establece sanciones contra los servidores públicos que no hagan un manejo responsable de los fondos y bienes del Estado.
“Las y los funcionarios públicos elegidos directa e indirectamente y los nombrados por Presidencia de la República deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado”, señala el texto.
El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades, administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes, de acuerdo con la reforma, que tendrá que ser aprobada en segunda legislatura para que entre en vigor.
“Esta modificación parcial a la Carta Magna se enmarca en la lucha permanente contra la corrupción que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el uso eficiente y transparente de los bienes del Estado y los recursos del pueblo nicaragüense Todos contra la corrupción”, señala la argumentación.
La dictadura afirma que esa reforma está enmarcada en la aprobación de la nueva Procuraduría General de Justicia, creada el pasado 6 de agosto, con el fin de “combatir la corrupción”.
La nueva Procuraduría General de Justicia, está integrada por todos los órganos de la actual Procuraduría General de la República, e incorporó al Ministerio Público y a “otros organismos que cumplen funciones similares para garantizar el resguardo del patrimonio nacional del Estado y el pueblo nicaragüenses”.