Un nuevo informe titulado “¿Dónde más busco? Vidas suspendidas: desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes buscan” presentado este viernes 29 de agosto, denuncia que las desapariciones forzadas se han consolidado como política de Estado en Nicaragua desde abril de 2018, constituyendo una de las expresiones más crueles de la represión contra voces disidentes.
El estudio fue elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Instituto Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más.
Un patrón de represión letal
El documento recopila testimonios, peritajes y hallazgos de organismos internacionales, y sostiene que la desaparición forzada en Nicaragua se utiliza como mecanismo de castigo, control social y silenciamiento político.
La más reciente evidencia de esta práctica es la muerte del preso político Mauricio Alonso Pietri, detenido el 17 de julio de este año y mantenido en desaparición forzada durante 38 días. Su familia fue llamada el 25 de agosto al Instituto de Medicina Legal en Managua para reconocer su cuerpo.
Según el informe, de las más de 2,000 detenciones políticas registradas por la CIDH en siete años, la mayoría han estado asociadas a desapariciones forzadas, que desde 2023 pasaron de durar pocos días a convertirse en procesos indefinidos, amparados en la opacidad judicial.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua advirtió que esta práctica responde a un “plan criminal” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para eliminar cualquier forma de oposición.
Impactos diferenciados
El informe alerta que la desaparición forzada tiene efectos particularmente crueles en mujeres, adolescentes, personas mayores, líderes indígenas y personas con enfermedades crónicas.
- Mujeres presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas con sesgo de género.
- Adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron ideación suicida.
- Líderes indígenas desaparecidos generan un impacto colectivo al debilitar la defensa territorial y cultural de sus pueblos.
- Personas con enfermedades crónicas o adultos mayores sufren riesgos agravados al ser privados de atención médica esencial.
El peso de la búsqueda
El informe también aborda la realidad de las personas buscadoras, en su mayoría mujeres, quienes enfrentan hostigamiento, costos económicos insostenibles y graves secuelas emocionales.
“¿Dónde más busco?”, relató entre lágrimas la esposa de un desaparecido en diciembre de 2024, reflejando la frustración compartida por cientos de familias. La persecución ha forzado a muchas a exiliarse, lo que agrava la angustia por la imposibilidad de obtener información desde fuera del país.
Llamada urgente
Las organizaciones firmantes exigen al régimen nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas, liberar de inmediato a todas las personas presas políticas e implementar mecanismos independientes de verdad y justicia.
Asimismo, llaman a la comunidad internacional a mantener la vigilancia, exigir responsabilidades y acompañar a las víctimas y buscadores.
“El régimen pretende borrar cuerpos y voces, pero la resistencia de quienes buscan mantiene viva la exigencia de verdad y justicia. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que el mundo no debe tolerar”, concluye el informe.