Las organizaciones integrantes de la Plataforma Unida por la Democracia (PUDE) denunciaron ante la comunidad nacional e internacional la entrega de nuevas concesiones mineras por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a empresas chinas, calificando el hecho como un “saqueo sistemático” de los recursos naturales del país.
Según un comunicado de PUDE, una de las concesiones más recientes fue otorgada el pasado 25 de septiembre de 2025 a tres compañías chinas, con una extensión total de 85,000 hectáreas, dentro de las cuales se incluyen zonas ambientalmente protegidas.
Con esta nueva cesión, el régimen sandinista habría entregado más de medio millón de hectáreas del territorio nacional para explotación minera.
La organización advirtió que entre octubre de 2023 y octubre de 2025, ocho empresas chinas recibieron más de 20 concesiones sin consulta ni consentimiento previo a las comunidades afectadas, en violación de la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.
PUDE denunció además que algunas concesiones fueron autorizadas dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, incluyendo áreas de alta biodiversidad como la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos.
“La dictadura ha manipulado el marco legal ambiental para facilitar este ecocidio, legitimando la minería ilegal que ya devasta estos territorios”, señala el documento.
El economista y líder indígena Manuel Prado, presidente de la Fundación Nicaragüense Americana con sede en Houston, advirtió que en los últimos 24 meses “la dictadura sandinista ha otorgado al régimen chino más de 21 concesiones que suman 250,000 hectáreas en el norte de la Musquitia”.
Prado denunció que estos territorios están siendo utilizados para ganadería ilegal y extracción de oro, actividades que, según él, “provocan la limpieza étnica de las comunidades indígenas nicaragüenses”.
PUDE también alertó sobre el impacto económico de esta política extractivista, dado que el precio del oro en el mercado mundial ha alcanzado los 4,000 dólares la onza troy, lo que podría acelerar el desplazamiento forzado de comunidades enteras ante la expansión minera.
Finalmente, la plataforma opositora exigió la anulación inmediata de todas las concesiones mineras otorgadas ilegalmente y pidió a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos condenar las violaciones ambientales y territoriales en curso.
“La defensa de nuestros territorios, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades indígenas es fundamental para recuperar la democracia, la justicia y la libertad en Nicaragua”, concluye el comunicado.