La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) recomendó este lunes suspender a Nicaragua de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) y aplicar aranceles de hasta el 100% a sus exportaciones, como respuesta a graves violaciones de derechos humanos, laborales y al Estado de Derecho bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La decisión forma parte del informe final emitido bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que determina que las políticas y prácticas del régimen nicaragüense son “irrazonables”, violan derechos fundamentales y “obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”.
De acuerdo con el documento oficial, la USTR propone cuatro posibles escenarios de acción:
- Suspender completamente los beneficios del CAFTA-DR a Nicaragua, incluidas las concesiones arancelarias y de contenido regional, de forma inmediata o gradual en un plazo de hasta 12 meses.
- Suspender parcialmente los beneficios del tratado.
- Aplicar aranceles de hasta el 100 % sobre todas las importaciones nicaragüenses.
- Aplicar aranceles selectivos de hasta el 100 % a determinados sectores productivos.
El informe, que será sometido a consulta pública hasta el 19 de noviembre de 2025, podría derivar en la adopción definitiva de las medidas a partir de enero de 2026.
Según la USTR, el régimen Ortega-Murillo mantiene “un patrón sistemático de abusos”, que incluye represión sindical, confiscación de organizaciones civiles, persecución judicial de opositores, control total del poder judicial y violaciones a las libertades fundamentales.
La investigación bajo la Sección 301 fue iniciada el 10 de diciembre de 2024, durante la Administración del presidente Joe Biden.
En el proceso se recibieron más de 160 comentarios y testimonios de expertos, organizaciones y ciudadanos, así como evidencia documentada sobre violaciones graves a los derechos humanos y laborales.
El informe subraya que las medidas propuestas no buscan castigar al pueblo nicaragüense, sino presionar al régimen para que “restaure el respeto al Estado de Derecho, los derechos laborales y las libertades fundamentales”.
Nicaragua exporta cada año más de 4.000 millones de dólares a Estados Unidos, su principal socio comercial, y más del 70 % de esas exportaciones se benefician del régimen preferencial del CAFTA-DR.
Una suspensión de estos privilegios o la imposición de aranceles punitivos afectaría directamente al sector de zonas francas, manufactura ligera y agricultura, con el riesgo de pérdida masiva de empleos y reducción de ingresos en divisas.
El uso de la Sección 301 ha sido aplicado anteriormente por Washington contra países como China, Rusia, Cuba y Venezuela, y constituye una de las herramientas comerciales más severas en la política exterior estadounidense.
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