La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas detenidas en Nicaragua, tras concluir que enfrentan una situación de “gravedad y urgencia” que pone en riesgo sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
Entre los beneficiarios se encuentran Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y su hijo Álvaro Baltodano Monroy, ambos conocidos por haber sido colaboradores cercanos del régimen Ortega-Murillo durante años.
La Comisión señaló, sin embargo, que las autoridades los habrían detenido por ser “reconocidos o percibidos como opositores políticos”, una descripción que contrasta con su trayectoria dentro del sistema de poder sandinista.
La resolución 74/2025, adoptada el 27 de octubre, también incluye a Octavio Enrique Caldera, Marvin Antonio Campos Chavarría, Chester Jeramil Cortez Narváez, Yerri Gustavo Estrada Ruiz, Larry Javier Martínez Romero, Antonio Mercado López, Luis Francisco Ortiz Calero y María José Rojas Arburola, detenidos entre mayo y agosto de este año.
Según la CIDH, no se tiene información sobre el paradero, condiciones de salud o situación jurídica de los diez detenidos.
El Estado nicaragüense, además, no respondió a las solicitudes de información del organismo interamericano.
La Comisión advirtió que los familiares de los beneficiarios no han podido comunicarse con ellos ni conocer su ubicación, lo que agrava el riesgo de sufrir daños irreparables.
Por ello, ordenó al Estado de Nicaragua:
- Determinar la situación y paradero de las personas detenidas.
- Indicar si han sido acusadas formalmente y presentadas ante autoridad judicial.
- Garantizar el contacto con familiares, abogados y autoridades consulares.
- Realizar valoraciones médicas y garantizar acceso a tratamiento adecuado.
- Investigar los hechos que motivaron la solicitud de medidas.
La CIDH recordó que el otorgamiento de medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre violaciones de derechos humanos, pero subrayó que la falta de información estatal y el aislamiento de las personas detenidas configuran una situación de riesgo grave y urgente.
