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Las organizaciones opositoras responsabilizan al régimen Ortega-Murillo por las afectaciones económicas al pueblo de Nicaragua

Diversas organizaciones políticas y civiles nicaragüenses emitieron un comunicado conjunto en el que señalan directamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como la principal responsable de las afectaciones económicas que podría sufrir el país ante un eventual cambio en las relaciones comerciales con Estados Unidos.

El pronunciamiento advierte que los daños potenciales derivados de una posible suspensión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) serían consecuencia directa del “desinterés absoluto del régimen Ortega-Murillo por evitar el daño a los sectores más necesitados”.

Según el comunicado, Nicaragua ha sido uno de los países más beneficiados por el CAFTA durante casi dos décadas, al punto de que más de 120 mil trabajadores del sector de zonas francas dependen directamente de este tratado. Las condiciones favorables de exportación y la integración comercial con Estados Unidos han sido pilares del crecimiento económico nacional. Sin embargo, las organizaciones alertan que el régimen ha puesto en riesgo esos logros mediante su sistemática violación a los derechos humanos, laborales y gremiales, además del desmantelamiento del Estado de derecho.

“Las violaciones a la libertad sindical, la represión contra los trabajadores y el irrespeto a los derechos humanos son incompatibles con las normas del CAFTA-DR”, señala el texto, responsabilizando únicamente al régimen Ortega-Murillo por las consecuencias que pueda acarrear una eventual suspensión del tratado.

El comunicado también critica la política exterior del régimen, acusándolo de “entregar el país a China” y de promover acuerdos comerciales que han generado competencia desleal y ningún beneficio tangible para las exportaciones nicaragüenses.

Las organizaciones firmantes califican las recientes medidas de Estados Unidos como “una acción clara y contundente contra la impunidad”, al señalar que Ortega y Murillo “pretenden seguir gobernando sin rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018”.

En el mensaje final, las agrupaciones reiteran su solidaridad con el pueblo de Nicaragua:

“Expresamos nuestro acompañamiento a las familias de los asesinados, los presos políticos, los más de 700 mil nicaragüenses que han migrado y los más de 100 mil que han perdido su empleo formal desde el inicio de la crisis. También a quienes hoy temen perder su trabajo si la dictadura no cesa las violaciones y rectifica”.

Las organizaciones firmantes —Concertación Democrática Nicaragüense (Monteverde), AUN, PUDE, AND y la Mesa Todos Somos Nicaragua— cierran el comunicado reafirmando su compromiso con la lucha por la democracia, el retorno de la libertad y la búsqueda de relaciones comerciales que beneficien verdaderamente al pueblo nicaragüense.