La Asamblea Nacional de Nicaragua recibió este martes 25 de noviembre, una lista de cinco candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enviada por los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una carta, firmada por el sancionado presidente del Parlamento, Gustavo Porras, solicita someter la propuesta a votación, en cumplimiento de los artículos 15 y 132 de la Constitución Política.
Aunque se presenta como un procedimiento ordinario, la recomposición de la CSJ ocurre tras una nueva ola de salidas atribuidas oficialmente a “motivos de salud”, pero que analistas y fuentes internas consideran parte de un proceso de control total de la estructura judicial.
Los cinco aspirantes a magistrados son:
- Ana Julia Guido Ochoa
Exfiscal general de la República y figura clave en la persecución penal contra cientos de opositores desde 2018. Guido ha sido señalada por organismos internacionales de instrumentalizar la justicia para criminalizar protestas y cerrar espacios cívicos. - Shura Bonilyn Welcome Crawford
Abogada originaria de la Costa Caribe. Ha ocupado cargos dentro del sistema judicial y estructuras vinculadas al FSLN. Su presencia en la lista se interpreta como parte del interés del régimen por mantener cuotas de representación territorial alineadas políticamente. - José Manuel Fuertes Toledo
Funcionario con trayectoria interna en el Poder Judicial. Su perfil técnico es menos conocido públicamente, pero fuentes jurídicas lo describen como cercano a los círculos de confianza del Frente Sandinista. - Ernesto Leonel Rodríguez Mejía
Magistrado suplente y operador de peso dentro del sistema judicial. Ha sido señalado por su rol en resoluciones alineadas con los intereses del régimen y por vínculos directos con la estructura partidaria. - Octavio Ernesto Rothschuh Andino
Miembro del Poder Judicial con amplia trayectoria administrativa. Su inclusión se lee como parte del esfuerzo por consolidar puestos de magistratura en manos de cuadros confiables para el régimen.
Cada candidato fue acompañado con su respectivo currículo, de acuerdo con la comunicación enviada a los diputados sandinistas, quienes controlan de forma absoluta la Asamblea Nacional.
Las “renuncias” que abrieron los puestos
El nombramiento de nuevos magistrados se activa tras la aprobación de las renuncias de Ellen Joy Lewin Downs y Yadira Centeno González, presentadas el pasado 20 de noviembre.
Ambas cartas, dirigidas a Gustavo Porras, repiten el argumento oficial: problemas de salud que les impedirían continuar “con la dedicación y responsabilidad que el cargo requiere”.
Sin embargo, sus dimisiones se producen en un Poder Judicial que desde 2023 ha experimentado una purga interna sin precedentes.
Desde 2023, el régimen Ortega-Murillo ha ejecutado una reconfiguración total del sistema judicial: destituciones sin explicación, operativos policiales dentro de la CSJ, traslados forzosos, renuncias inducidas y reemplazos por cuadros completamente alineados.
La propuesta de los cinco nuevos magistrados consolida ese proceso y permite completar una Corte Suprema sin fisuras internas y sin figuras que puedan cuestionar a la dictadura.