La Mesa Redonda sostuvo una conversación con el exfuncionario judicial y analista Yader Morazán, quien explicó a profundidad por qué la reciente designación de cinco nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) representa la fase final de una purga institucional sin precedentes, impulsada por Rosario Murillo para afianzar su control absoluto sobre el sistema judicial nicaragüense.
Una Corte reestructurada para obedecer al régimen
La Asamblea Nacional, totalmente controlada por el oficialismo, aprobó la designación de Ana Julia Guido, Shura Bonilyn Welcome, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Rodríguez Mejía y Octavio Rothschuh Andino como nuevos magistrados de la CSJ.
Morazán explicó que estas designaciones no son simples reemplazos, sino parte de un proceso progresivo de centralización del poder judicial, iniciado con:
- La intervención policial del Poder Judicial en octubre de 2023,
- La destitución masiva de funcionarios y magistrados,
- La reforma constitucional de febrero de 2025, que eliminó funciones administrativas clave y dejó a los magistrados como figuras meramente decorativas.
Según Morazán, el régimen no busca apariencia de legalidad; su objetivo real es controlar totalmente la estructura que administra justicia.
“Es la etapa final de la reestructuración”: Yader Morazán
El analista detalló que desde 2018 el régimen ha operado una purga constante:
- Magistrados que mostraron cualquier nivel de independencia fueron obligados a renunciar o removidos.
- Oficinas clave como la Secretaría Técnica de Género desaparecieron.
- Muchos juzgados quedaron paralizados o sin funciones reales.
Morazán enfatizó que la dictadura no solo exige obediencia, sino lealtad absoluta, y reemplaza incluso a funcionarios históricamente afines por cuadros cuya afinidad con Rosario Murillo sea “incuestionable”.
El caso de la exfiscal sancionada: un mensaje político
Uno de los nombramientos más polémicos es el de Ana Julia Guido, exfiscal general sancionada por Estados Unidos en 2020 por fabricar casos contra presos políticos.
Morazán explicó que su ascenso a la CSJ envía un mensaje claro:
- El régimen premia la lealtad política, no la legalidad.
- Se institucionaliza la persecución judicial como política de Estado.
- La Corte queda en manos de figuras que han participado de manera directa en la represión.
Impacto en jueces, abogados y operadores judiciales
Durante la entrevista, Morazán reveló que:
- Varios abogados y operadores judiciales viven escondidos o bajo amenaza.
- Otros se encuentran detenidos, incluso allegados a figuras del oficialismo.
- La represión interna es tan profunda que “nadie está seguro, ni siquiera quienes fueron serviles al régimen”.
Puso como ejemplo el caso del abogado Harry Valle, quien defendió públicamente la “legalidad” del sistema judicial Ortega-Murillo, y hoy se encuentra desplazado o en silencio absoluto.
¿Qué persigue el murillismo con esta nueva Corte?
Morazán sostiene que esta reingeniería del Poder Judicial permite al régimen:
- Controlar cada decisión judicial, desde casos políticos hasta temas administrativos.
- Eliminar cualquier disidencia interna, por pequeña que sea.
- Sostener el aparato represivo, aun cuando ha perdido apoyo social.
- Reducir el Poder Judicial a un órgano subordinado, sin independencia ni autonomía.
“Pueden dominar a la población por la fuerza, pero no tienen su cooperación ni su confianza”, advirtió.
El trasfondo político: un sistema que se agota
Para Morazán, esta reconfiguración refleja un régimen consciente de su fragilidad:
- Depende exclusivamente de la represión.
- No puede permitirse fisuras internas.
- Está dispuesto a sacrificar incluso a sus cuadros históricos.
Esta nueva Corte murillista, según el analista, es la culminación de un proceso que convierte al Poder Judicial en una herramienta total de control, sin capacidad de impartir justicia real.
La entrevista deja claro que el nombramiento de los nuevos magistrados no es un simple cambio administrativo. Se trata de una consolidación estratégica del poder de Rosario Murillo sobre todo el aparato judicial, profundizando la subordinación del Estado a la pareja dictatorial.