El opositor nicaragüense Félix Maradiaga afirmó este miércoles que la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de imponer aranceles graduales a Nicaragua constituye “una advertencia muy seria” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y no un signo de flexibilización hacia Managua, aunque moderada por la presión de grandes intereses económicos.
Según Maradiaga, en el proceso de evaluación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio —que concluyó que la dictadura comete abusos graves de derechos laborales, violaciones de derechos humanos y desmantela el Estado de derecho— entraron en juego poderosos actores del sector privado que buscan evitar daños a sus cadenas de suministro y proteger sus intereses comerciales, incluso a costa de las víctimas de la represión.
“Es evidente que en este proceso se escuchó el cabildeo de grandes intereses económicos que, una vez más, priorizan la estabilidad de sus negocios por encima de los derechos humanos y del sufrimiento del pueblo nicaragüense. Todos sabemos de qué sectores e industrias estamos hablando”, sostuvo en un escrito enviado a La Mesa Redonda.
Un esquema gradual que protege el CAFTA-DR
Washington anunció que impondrá un arancel progresivo a partir del 1 de enero de 2026 sobre todas las importaciones nicaragüenses no amparadas por las reglas de origen del CAFTA-DR.
La tarifa será de 0% en 2026, subirá a 10% en 2027 y llegará a 15% en 2028, acumulándose con otros gravámenes como el Arancel Recíproco del 18%.
La decisión mantiene intactos los beneficios del CAFTA-DR, un punto clave para el sector empresarial estadounidense y regional, que ha presionado para evitar tensiones que afecten la industria textil, de confección y otras cadenas integradas.
Maradiaga considera que esta protección parcial es parte del equilibrio buscado por Estados Unidos: presionar a la élite gobernante sin golpear de inmediato a las empresas y a los trabajadores nicaragüenses.
Pero advirtió del riesgo de que el sector privado “normalice” relaciones comerciales con una dictadura sin cambios reales.
Washington combina presión y cautela
El opositor afirma que la decisión refleja una estrategia de presión firme, pero medida.
Por un lado, la USTR concluyó —tras analizar más de 2,000 comentarios y testimonios— que las prácticas del régimen son “irrazonables” y restringen el comercio estadounidense.
Por otro, Maradiaga señala que Washington también tomó nota de señales recientes del régimen, como algunas excarcelaciones, y optó por una respuesta escalonada en lugar de sanciones más drásticas.
“La población es víctima, no responsable”
Maradiaga enfatizó que la gradualidad de las medidas refleja la intención de no castigar al trabajador nicaragüense, sino presionar directamente a la élite política que controla el aparato estatal y la economía.
“Es una combinación de presión hacia la élite gobernante con cierto grado de protección hacia una población que vive bajo represión y pobreza, y que no es responsable de las decisiones del régimen”, expresó.
Finalmente, Maradiaga alertó del riesgo de que parte del empresariado —tanto en Estados Unidos como en la región— empuje por restablecer una normalidad comercial con Nicaragua, pese a que el régimen no ha realizado reformas profundas ni ha detenido la represión.
“El riesgo es que el empresariado siga empujando por una ‘normalidad’ comercial con una dictadura que no ha hecho reformas de fondo ni ha detenido la represión”, advirtió.