El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) prestará a Nicaragua 97 millones de dólares para ampliar y mejorar la infraestructura vial del país, según una resolución publicada este jueves en el Diario Oficial La Gaceta.
De acuerdo con el régimen nicaragüense, la línea de crédito se ejecutará por tramos carreteros y será formalizada mediante un contrato de préstamo autorizado a través de un acuerdo.
Los fondos estarán destinados supuestamente a financiar la ejecución del XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras, cuyo organismo ejecutor será el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
Para la firma del contrato, los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, a suscribir el acuerdo con el BCIE en nombre del Estado nicaragüense.
Este préstamo forma parte de un paquete mayor. En octubre pasado, el régimen sandinista había autorizado al entonces ministro de Hacienda, Óscar Danilo Mojica Aguirre, a firmar un contrato de financiamiento por 235 millones de dólares, dentro del cual se incluyen estos 97 millones ahora formalizados.
Mojica Aguirre renunció a su cargo en diciembre pasado. Es hijo del exjefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua y actual ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica Obregón, entidad que administrará los recursos desembolsados por el BCIE.
Contraste con los reclamos de la oposición
La aprobación de este nuevo financiamiento ocurre en medio de reiterados llamados de organizaciones de la oposición nicaragüense, de la sociedad civil y de sectores en el exilio, que han pedido al BCIE suspender el otorgamiento de préstamos al régimen de Ortega y Murillo.
Estas organizaciones han advertido que los recursos otorgados por el banco regional contribuyen a sostener financieramente a un régimen señalado por organismos internacionales de cometer graves violaciones a los derechos humanos, reprimir a la oposición, criminalizar la disidencia y consolidar un sistema autoritario.
Diversos grupos opositores han solicitado al BCIE condicionar cualquier financiamiento al restablecimiento de garantías democráticas, la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos, demandas que hasta ahora no han sido atendidas.
Pese a ese contexto, el BCIE continúa siendo una de las principales fuentes de financiamiento externo para la dictadura en Nicaragua, en momentos en que el país enfrenta un creciente aislamiento político y diplomático en el ámbito internacional.