El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Goicoechea rechazó la solicitud de extradición presentada por el Estado de Nicaragua contra Pedro Javier Fernández Sandoval, un campesino nicaragüense radicado en Costa Rica, quien permaneció detenido durante un año mientras se resolvía el proceso.
Fernández fue capturado el 27 de febrero de 2025, luego de que el Ministerio Público de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo señalara como presunto responsable del homicidio de una oficial de policía y de un civil, ocurridos durante un asalto el 1 de octubre de 2022 en la comunidad de Buena Vista, municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.
Las víctimas fueron identificadas como la oficial Aracely Marisol Díaz Salinas y el trabajador de la empresa Agro Industrial del Río, Pedro Pablo Chavarría Rivas.
Aunque un tribunal costarricense había autorizado inicialmente la extradición, la defensa presentó recursos de apelación que fueron resueltos este lunes 9 de febrero por el órgano superior.
En su resolución, el Tribunal de Apelación revocó la sentencia de primera instancia y rechazó de forma definitiva la entrega de Fernández a Nicaragua.
No obstante, los jueces no ordenaron su liberación inmediata. Si bien dispusieron el cese de la detención provisional por la causa de extradición, ordenaron remitirlo a la orden del Ministerio Público costarricense para que continúe el proceso bajo jurisdicción nacional.
De acuerdo con el fallo, ahora corresponderá a la Fiscalía de Costa Rica realizar las diligencias necesarias para determinar la eventual persecución penal de Fernández en territorio costarricense. Para ello, Nicaragua deberá remitir las pruebas que dice haber recopilado, mediante el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales suscrito en 1993 por los países de la región.
El tribunal también ordenó comunicar la resolución a la Fiscalía General de la República y a la Sala Constitucional, donde se tramita un recurso de hábeas corpus presentado a favor del ciudadano nicaragüense.