Nicaragua volvió a ubicarse entre los países más corruptos del planeta, al obtener apenas 14 puntos en el Transparencia Internacional Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el puntaje más bajo de Centroamérica y uno de los peores a nivel mundial.
El IPC, considerado uno de los principales indicadores globales para medir la corrupción en el sector público, evalúa a 180 países en una escala de 0 a 100, donde 0 representa altos niveles de corrupción y 100 mayores estándares de transparencia.
El promedio centroamericano se mantiene en 31 puntos, muy por debajo del umbral de 50 que sugiere niveles aceptables de integridad pública.
En el caso de Nicaragua, el informe describe un contexto marcado por el autoritarismo, la ausencia de controles democráticos y la represión sistemática. En este escenario, advierte el estudio, la corrupción no opera como un fenómeno aislado, sino como un mecanismo consolidado de control político.
La falta de independencia judicial y la opacidad en la gestión pública hacen prácticamente imposible cualquier mejora en el corto plazo. La concentración de poder y el debilitamiento de los órganos de fiscalización agravan un entorno donde no existen contrapesos efectivos ni rendición de cuentas.
El informe también señala un profundo deterioro institucional, caracterizado por la captura política de instituciones clave y una corrupción que impacta directamente sectores sensibles como salud, educación y energía.
En este último, millonarias transferencias públicas han reducido la capacidad de inversión en áreas sociales estratégicas.
Más allá de los números, el IPC 2025 concluye que en gran parte de Centroamérica las reformas anticorrupción han sido insuficientes o meramente discursivas, sin traducirse en cambios estructurales reales.
En el caso nicaragüense, el panorama refleja no solo altos niveles de corrupción, sino un sistema donde la falta de transparencia y la ausencia de controles democráticos impiden cualquier avance significativo, profundizando la crisis institucional y el debilitamiento del Estado de derecho.