El exasesor económico y dirigente histórico del sandinismo, Bayardo Arce Castaño, fue incorporado en la lista oficial de personas presas políticas en Nicaragua, elevando a 46 el total de ciudadanos encarcelados por motivos políticos al 26 de febrero de 2026, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La inclusión de Arce marca un punto de inflexión, al tratarse de una figura históricamente vinculada al oficialismo.
De acuerdo con el informe, su detención en julio de 2025 estuvo marcada por un allanamiento sin garantías, la congelación de sus cuentas bancarias, la confiscación de bienes y la extensión de la persecución hacia su familia, incluyendo señalamientos contra su esposa y su hermano en procesos sin transparencia.
El Mecanismo concluyó que el caso presenta múltiples violaciones al debido proceso, entre ellas la incomunicación, la falta de información oficial y la condena sin acceso a una defensa de su elección.
Estos elementos, sostiene el organismo, configuran un patrón de persecución política y aplicación selectiva de la ley.
“El Mecanismo ha concluido que su detención, encarcelamiento y procesamiento sin derecho a la defensa se enmarca en tipologías relacionadas con la aplicación selectiva de la ley y la vulneración manifiesta de las garantías del debido proceso congruente con una práctica de persecución política”, reza el informe.
La organización subraya que reconocer a Arce como preso político no implica eximirlo de posibles responsabilidades penales, sino exigir que cualquier acusación sea procesada bajo estándares de justicia independiente, con pleno respeto a las garantías judiciales.
El informe también advierte que, aunque la cifra de presos políticos bajó de 62 en diciembre a 46 en febrero —tras la excarcelación de 19 personas y la incorporación de tres nuevos casos—, la represión estatal se mantiene intacta.
Denuncian que familiares de detenidos continúan siendo vigilados, amenazados y hostigados para impedir denuncias públicas.
Asimismo, el Mecanismo alerta sobre un subregistro significativo de casos, producto del miedo generalizado en el país, donde muchas familias optan por el silencio ante el riesgo de represalias.
Entre los perfiles de los 46 presos políticos se encuentran opositores, líderes sociales, religiosos, indígenas, exmilitares e incluso personas vinculadas al propio aparato estatal, lo que evidencia —según el informe— una ampliación del alcance de la persecución.
El organismo reiteró su llamado al Estado de Nicaragua para la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas, el cese de las detenciones arbitrarias y el respeto a los derechos fundamentales, en un contexto que califican como de “profunda indefensión y control social”.