La socióloga nicaragüense Claudia Vargas denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una estrategia de represión transnacional contra opositores en el exilio, que incluye desnacionalización, persecución judicial, vigilancia, atentados y asesinatos políticos fuera de Nicaragua.
Vargas compareció ante la Comisión como representante de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), pero también en calidad de viuda del mayor en retiro y analista político Roberto Samcam, asesinado en San José, Costa Rica, en junio del año pasado.
“Comparezco ante ustedes para nombrar un fenómeno que no se debe silenciar: la represión transnacional que afecta a las personas nicaragüenses en el exilio”, expresó Vargas durante su intervención.
Persecución que traspasa fronteras
Vargas señaló que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas ha documentado que la persecución del régimen no termina cuando los opositores abandonan el país, sino que se transforma y continúa en los lugares donde buscan refugio.
Según explicó, esta represión se manifiesta a través de diversos patrones sistemáticos.
Entre ellos mencionó la privación arbitraria de la nacionalidad, que ya afecta a más de 450 nicaragüenses, lo que implica la pérdida de personalidad jurídica, la anulación de registros académicos, la imposibilidad de obtener documentos civiles y la confiscación de pensiones o propiedades.
También denunció la negación de servicios consulares, como la negativa a emitir o renovar pasaportes, lo que deja a miles de exiliados en una situación de apatridia de facto. De acuerdo con el grupo de expertos de la ONU, la mayoría de estos casos se ha documentado en países como Costa Rica, México, España y Estados Unidos.
Asimismo, denunció la prohibición arbitraria de ingreso a Nicaragua, o la imposición de condiciones ilegales para permitir el retorno, como pagar dinero, pedir disculpas públicas o guardar silencio.
Como ejemplo, recordó que en 2023 las autoridades nicaragüenses emitieron órdenes de no ingreso contra las abogadas defensoras de presos políticos Aura Estela Alarcón y Noemí Guerrero, integrantes de la UDJ.
Persecución judicial, vigilancia y campañas de odio
Vargas también denunció campañas de difamación y hostigamiento digital contra periodistas, opositores y defensores de derechos humanos en el exilio, acompañadas de vigilancia permanente de sus actividades públicas y monitoreo de redes sociales.
Además, señaló la instrumentalización de mecanismos de cooperación policial internacional, como Interpol, para perseguir a opositores fuera del país.
Según indicó, algunos exiliados han enfrentado procesos de extradición o detención, y al menos dos de ellos permanecen actualmente en condición de desaparición forzada en cárceles nicaragüenses.
Otra forma de persecución, explicó, es el uso de actores privados, como aerolíneas y entidades bancarias, para ejecutar restricciones administrativas, impedir viajes o promover el cierre de cuentas bancarias de personas exiliadas.
Atentados y asesinatos políticos
Vargas afirmó que una de las expresiones más graves de esta represión transnacional son los atentados y asesinatos políticos contra opositores fuera de Nicaragua.
Entre 2021 y 2024, el opositor Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto sobrevivieron a dos intentos de asesinato en Costa Rica, que les dejaron lesiones graves e irreversibles.
También mencionó el caso del activista estudiantil Kevin Solís, quien fue víctima de un atentado con arma de fuego en Madrid en noviembre de 2025, un hecho que aún se encuentra bajo investigación.
Según Vargas, al menos cinco asesinatos vinculados al exilio nicaragüense han sido documentados en Costa Rica y Honduras, entre ellos el del campesino Jaime Luis Ortega, ocurrido en octubre de 2024 en Upala.
El asesinato de Roberto Samcam
Durante su testimonio, Vargas afirmó que el asesinato de su esposo no fue un hecho aislado.
Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y analista político, se había convertido en una de las voces más críticas del régimen, denunciando públicamente las dinámicas de seguridad y represión del gobierno.
“Su asesinato representó un escalonamiento en técnica y perfil. Fue planificado y ejecutado con precisión, articulándose con dinámicas del crimen organizado y del sicariato”, afirmó.
Añadió que el crimen también fue un mensaje dirigido al exilio nicaragüense, como intento de intimidación y silenciamiento.
Antes de su asesinato, Samcam había denunciado campañas de odio en redes sociales, vigilancia, desnacionalización y confiscación de bienes, medidas que formaban parte del patrón de persecución contra opositores.
Otros casos denunciados
Vargas también mencionó otros casos que evidencian este patrón, como el de Rodolfo Rojas, quien fue extraído desde Costa Rica y posteriormente ejecutado en Honduras.
Asimismo, citó a Walner Ruiz y Douglas Gamaliel, extraditados desde Costa Rica y actualmente en condición de desaparición forzada en Nicaragua.
También recordó los casos de Pedro Fernández y Reynaldo Picado, quienes enfrentaron requerimientos de Interpol pero lograron evitar su extradición gracias al apoyo de organizaciones de la sociedad civil en Costa Rica.
Llamado a los Estados y a la justicia
Vargas advirtió que la represión en el exilio también afecta a las familias que permanecen en Nicaragua, quienes son hostigadas, vigiladas o amenazadas por las autoridades.
“El exilio nicaragüense no es una diáspora voluntaria, sino una comunidad desplazada por una violencia política que continúa en el extranjero”, afirmó.
En ese sentido, pidió a Costa Rica investigar plenamente los crímenes políticos contra exiliados y garantizar su protección para que puedan continuar su labor de defensa de derechos humanos.
También solicitó a los Estados de la región reconocer la represión transnacional como un fenómeno que requiere respuestas coordinadas, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección.
“Lo que está en juego es la vida de las personas exiliadas y si el refugio seguirá siendo un espacio de protección”, concluyó.