El eurodiputado Jorge Martín Frías denunció que la Unión Europea destinó alrededor de 90 millones de euros a Nicaragua bajo el argumento de “fortalecer la sociedad civil”, en un contexto marcado por la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En declaraciones ofrecidas a Martí Noticias, Martín Frías cuestionó duramente la política de financiamiento europeo hacia países con regímenes autoritarios, señalando que Nicaragua figura entre los beneficiarios de estos recursos.
“La Comisión Europea en la legislatura pasada dio 500 millones de euros a Venezuela, dio 100 millones de euros a Cuba y dio, si no me equivoco, 90 (millones) a Nicaragua. ¿Sabes cuál era el concepto para Nicaragua? Fortalecimiento de la sociedad civil en Nicaragua”, afirmó el eurodiputado, quien criticó que estos fondos se hayan otorgado mientras el régimen nicaragüense desmantelaba organizaciones independientes y restringía libertades públicas.
El parlamentario también incluyó a otros países en su señalamiento, indicando que la Comisión Europea habría destinado cerca de 500 millones de euros a Venezuela y 100 millones a Cuba, lo que, a su juicio, evidencia una contradicción en el discurso europeo sobre derechos humanos.
Las declaraciones se dan en un contexto en el que la relación entre Bruselas y Managua ha estado marcada por tensiones.
La Unión Europea ha impuesto sanciones a funcionarios del régimen nicaragüense desde 2019 por violaciones a los derechos humanos, aunque al mismo tiempo ha mantenido distintos programas de cooperación y financiamiento.
Martín Frías sostuvo que muchos ciudadanos europeos desconocen el destino de estos fondos y advirtió que podrían estar contribuyendo indirectamente a sostener estructuras de poder autoritarias.
“Los contribuyentes no saben que su dinero puede terminar apoyando a una de las dictaduras más longevas del mundo”, afirmó.
El señalamiento abre nuevamente el debate sobre la efectividad y supervisión de la cooperación internacional en contextos autoritarios, especialmente en Nicaragua, donde organismos independientes han denunciado el cierre de espacios cívicos y la persecución a opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018.