La Asamblea Nacional controlada por el sandinismo aprobó una reforma que profundiza la centralización del poder en Nicaragua, al trasladar el control del patrimonio y los bienes municipales a la Procuraduría General de Justicia, en una medida que debilita de forma directa la autonomía de los gobiernos locales.
La reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría establece que todos los bienes muebles e inmuebles, activos, derechos y recursos que pertenecían a la Carrera Administrativa Municipal pasarán a ser propiedad del Estado y quedarán bajo la administración de esa institución.
El cambio implica, en la práctica, que las alcaldías pierden control sobre recursos clave para su funcionamiento, consolidando un modelo centralizado bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Golpe a la autonomía municipal
La medida impacta directamente la autonomía municipal, un principio consagrado en la Constitución nicaragüense que faculta a los 153 municipios del país a gestionar sus asuntos administrativos, financieros y políticos, incluyendo la planificación y recaudación de recursos.
Sin embargo, con esta reforma, ese modelo queda severamente limitado, al concentrar en el Estado —a través de la Procuraduría— la administración de bienes y estructuras que antes estaban bajo control local.
En la práctica, las municipalidades quedan subordinadas al poder central, perdiendo margen de decisión y capacidad de gestión independiente.
Más control político y administrativo
Aunque el sandinismo justificó la reforma como un mecanismo para “fortalecer la eficiencia” en la administración municipal, críticos advierten que se trata de un nuevo paso en la eliminación de contrapesos institucionales.
La enmienda también ordena que el personal vinculado a la Carrera Administrativa Municipal pase a la nómina de la Procuraduría, lo que incrementa el control político sobre los funcionarios públicos en los territorios.
A esto se suma la derogación de la Ley de Carrera Administrativa Municipal, eliminando un marco técnico que regulaba el funcionamiento de las alcaldías y que, aunque limitado, ofrecía cierto grado de profesionalización.
Centralización financiera
Como parte de los cambios, los 153 municipios deberán aportar el 2 % de sus planillas al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), lo que refuerza el control central sobre los recursos financieros locales.
La reforma se da en un contexto de creciente concentración de poder desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, donde distintas voces han señalado el debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas.
Con esta decisión, el régimen consolida un esquema en el que las alcaldías funcionan cada vez más como extensiones de la dictadura, marcando un retroceso significativo en la autonomía municipal y en la descentralización del poder en Nicaragua.