La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que Nicaragua ha consolidado un régimen autoritario bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo, marcado por represión sistemática, cierre total del espacio democrático y graves violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución dentro y fuera del país.
En su informe anual 2025, la CIDH detalla el avance de un modelo de poder absoluto que se profundizó con la reforma a la Constitución, la cual eliminó la separación de poderes y concentró el control estatal en la Presidencia.
Según el organismo, este cambio institucional no solo desmanteló los contrapesos democráticos, sino que también legalizó restricciones a libertades fundamentales.
El informe documenta un patrón sostenido de represión desde las protestas de abril de 2018, cuando el Estado respondió con violencia para sofocar el descontento social.
Desde entonces, la persecución se ha mantenido como política de Estado, dirigida contra opositores, periodistas, activistas, líderes indígenas e incluso disidentes dentro del propio oficialismo.
La CIDH señala que al menos 63 personas permanecen privadas arbitrariamente de libertad, de las cuales 33 están en condición de desaparición forzada.
Además, reporta muertes bajo custodia estatal en 2025, en un contexto de aislamiento, tortura y ausencia total de garantías judiciales.
Cierre del espacio cívico y control total
El documento describe un país sin espacio democrático: más de 5,600 organizaciones civiles han sido canceladas —equivalente al 75 % del tejido asociativo existente en 2018—, mientras la protesta social ha sido criminalizada y la libertad religiosa restringida.
En paralelo, la persecución se extiende a la prensa. La CIDH documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de periodistas, cierre de medios, confiscación de equipos y campañas de estigmatización.
Nicaragua es señalada como uno de los países más restrictivos para el ejercicio del periodismo en la región, con gran parte de la prensa independiente obligada al exilio.
El informe advierte que entre 8 y 11 departamentos del país ya no cuentan con medios independientes, configurando “desiertos informativos” que favorecen el control total del discurso público.
Represión transnacional y exilio masivo
La CIDH también alerta que la represión ha cruzado fronteras. Exiliados nicaragüenses enfrentan amenazas, hostigamiento y persecución, incluso mediante el uso de mecanismos internacionales.
Desde 2018, más de 400,000 personas han huido del país, mientras al menos 453 han sido despojadas de su nacionalidad de forma punitiva, una práctica que el organismo califica como violatoria del derecho internacional.
Pueblos indígenas y extractivismo
El informe denuncia que las reformas legales desmantelaron la autonomía de la Costa Caribe y facilitaron concesiones extractivas en territorios indígenas sin consulta previa.
Esto ha derivado en violencia, desplazamientos forzados y ataques contra comunidades, en un contexto de impunidad.
Crisis social y económica
En materia económica, la CIDH advierte que los salarios mínimos —entre 148 y 333 dólares— están muy por debajo del costo de la canasta básica, estimada en 555 dólares, lo que refleja un deterioro en las condiciones de vida.
El organismo también subraya la alta vulnerabilidad climática del país, con efectos en la seguridad alimentaria, agravados por la falta de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Recomendaciones urgentes
Ante este panorama, la CIDH instó al Estado nicaragüense a:
- Liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente
- Restituir la nacionalidad a quienes fueron despojados
- Cesar la persecución contra sociedad civil, Iglesia y prensa
- Restablecer la institucionalidad democrática
- Garantizar derechos a pueblos indígenas y afrodescendientes
- Detener las políticas que generan exilio, destierro y apatridia
El organismo enfatizó que la salida de Nicaragua de instancias internacionales no la exime de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y advirtió que el monitoreo internacional continuará.
La CIDH concluye que Nicaragua atraviesa una fase de consolidación autoritaria con control total del poder, represión dentro y fuera de sus fronteras y una crisis estructural de derechos humanos que, lejos de disminuir, se profundiza año tras año.