En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, organizaciones políticas y de derechos humanos nicaragüenses denunciaron un agravamiento de las condiciones laborales en el país, señalando prácticas de control, coerción y deterioro económico que afectan tanto a empleados públicos como al amplio sector informal, en un contexto marcado —según advierten— por la restricción de derechos laborales y el aumento de la presión política sobre la fuerza trabajadora.
El Partido Humanista Social Cristiano de Nicaragua (PHSC) denunció este 1 de mayo lo que calificó como una creciente “opresión” contra la clase trabajadora bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un pronunciamiento público, la organización señaló que en Nicaragua no existen condiciones para el ejercicio pleno de derechos laborales fundamentales, como la huelga, la libre organización sindical ni la demanda de mejoras salariales.
“El salario apenas ajusta para la alimentación básica de las familias”, advirtió el partido, al tiempo que aseguró que los trabajadores enfrentan restricciones y presiones políticas en sus centros laborales.
Denuncia de cobro obligatorio
El PHSC alertó sobre una nueva medida que, según indicó, afecta a más de 100 mil empleados del Estado, quienes a partir de mayo estarían obligados a aportar aproximadamente un 6% de sus salarios al partido FSLN.
De acuerdo con la denuncia, esta disposición es aplicada vía planilla, reduciendo directamente los ingresos de los trabajadores públicos.
Además, el partido opositor sostuvo que los empleados estatales son presionados para participar en actividades políticas, como marchas, consignas y estructuras partidarias vinculadas al oficialismo.
Referencia histórica y derechos laborales
En su posicionamiento, el PHSC comparó la situación actual con condiciones laborales de siglos pasados, citando la encíclica Rerum Novarum de 1891, en la que el Papa León XIII abordó la explotación laboral y defendió derechos como el salario justo y la organización sindical.
El partido argumentó que estos principios continúan siendo relevantes ante lo que considera un retroceso en las garantías laborales en el país.
Llamado y solidaridad
La organización expresó su solidaridad con los trabajadores nicaragüenses y los instó a “resistir” frente a las condiciones denunciadas, al tiempo que reiteró su condena a las políticas laborales del régimen.
Asimismo, señaló que los derechos laborales, según estándares internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deben ser restablecidos en el país.
El pronunciamiento se da en un contexto de crecientes denuncias sobre condiciones laborales y restricciones a derechos fundamentales en Nicaragua, particularmente en el sector público.
GREX denuncia represión, precariedad y control político sobre trabajadores
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) también se pronunció este 1 de mayo, denunciando un deterioro generalizado de las condiciones laborales en Nicaragua y señalando que tanto trabajadores formales como informales enfrentan un escenario adverso.
Según el grupo, cerca del 75% de la población económicamente activa se desempeña en el sector informal —incluyendo comerciantes, vendedores ambulantes, conductores y agricultores— mientras que el restante 25% corresponde a trabajadores formales, entre ellos empleados estatales y del sector privado organizado.
GREX advirtió que, en ambos casos, las condiciones han empeorado. En el sector formal, denunció la aplicación arbitraria de las leyes laborales, la inexistencia de sindicatos independientes y la falta de garantías para reclamar mejoras salariales o negociar convenios colectivos.
También señaló despidos sin indemnización, restricciones al derecho a huelga y la imposición de deducciones salariales superiores al 5% en el aparato estatal, como evidencia —según el grupo— de la ausencia de derechos laborales efectivos.
En cuanto al sector informal, el grupo alertó sobre la precariedad de ingresos, la falta de acceso a servicios de salud y el impacto del aumento constante en el costo de la canasta básica.
El GREX también denunció mecanismos de presión política, como la obligación de portar símbolos partidarios en espacios laborales y educativos, bajo amenazas de despido, exclusión o represalias.
Finalmente, el grupo expresó su solidaridad con los trabajadores nicaragüenses y demandó el restablecimiento de libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la organización, así como el cese de la persecución política.