El excarcelado político nicaragüense Marvin Castellón Ubilla fue detenido este 4 de mayo en West Palm Beach por autoridades migratorias, a pesar de que —según denuncias del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX)— no registra delitos ni faltas en ese país.
De acuerdo con la denuncia, Castellón fue arrestado alrededor de las 7:40 de la mañana cuando se dirigía a su trabajo en el sector construcción.
Tras sufrir un percance mecánico en su vehículo, recibió ayuda de un familiar y, al retomar su camino, fue interceptado por un agente policial que solicitó documentos tanto a él como a su acompañante.
GREX asegura que, tras una verificación inicial, los oficiales procedieron a reducirlo por la fuerza, esposarlo y golpearlo, bajo el argumento de una detención por temas migratorios. Posteriormente, Castellón logró comunicarse con su familia desde un centro de detención cercano a su vivienda.
Según el testimonio trasladado por sus allegados, el propio detenido indicó que agentes migratorios revisaron su historial, incluyendo información pública que lo identifica como ex preso político, desterrado y apátrida.
Pese a confirmar que no posee antecedentes penales ni ha cometido infracciones en Estados Unidos, las autoridades decidieron mantenerlo bajo custodia y le indicaron que debía gestionar defensa legal.
Castellón Ubilla ha sido encarcelado en tres ocasiones en Nicaragua por razones políticas. Fue liberado junto a su padre en diciembre de 2019 y posteriormente desterrado en el grupo conocido como “los 222”, expulsados del país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El caso también revive la situación de su hermano, Marlon Castellón Ubilla, quien fue deportado previamente a un tercer país pese a haber presentado pruebas de persecución política.
Según GREX, Marlon tampoco puede regresar a Nicaragua debido a su condición de desterrado.
La organización denunciante subraya que Marvin Castellón cumple con los requisitos para solicitar protección internacional y pidió al Gobierno de Estados Unidos que apruebe su asilo.
Asimismo, solicitó garantías para su seguridad y la de su familia, incluyendo su madre, Marta Ubilla, también desterrada.
El caso se suma a las crecientes preocupaciones de organizaciones de derechos humanos sobre la situación de nicaragüenses exiliados, quienes, aun fuera del país, continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad jurídica y riesgos derivados de su condición migratoria.