La abogada y defensora de derechos humanos Wendy Flores denunció ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo la política sistemática de exilio forzoso, retiro arbitrario de la nacionalidad y generación de apatridia impulsada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante su intervención, Flores —vicepresidenta del Colectivo Nicaragua Nunca Más— expuso que la crisis nicaragüense ha obligado a unas 873,000 personas a abandonar el país, en medio de un contexto marcado por detenciones arbitrarias, torturas, persecución y crímenes de lesa humanidad.
Exilio forzado y cierre del espacio cívico
Flores relató su propio caso como parte de esta ola de represión. Señaló que salió de Nicaragua tras el cierre y allanamiento del CENIDH en 2018, organización en la que trabajó durante 16 años, en un contexto de persecución contra defensores de derechos humanos.
Advirtió que el régimen ha cancelado y confiscado al menos 5,663 organizaciones, cerrando completamente el espacio cívico en el país.
“Llegué a Costa Rica con mucho dolor, por lo que implica la separación familiar, pero con la convicción de seguir alzando la voz”, expresó.
Desnacionalización y apatridia como castigo
La defensora denunció que desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad mediante procesos judiciales sin garantías.
Además, explicó que:
- Sus bienes han sido confiscados.
- Sus identidades han sido eliminadas de registros civiles.
- Incluso niños han sido afectados con alteraciones en sus partidas de nacimiento.
Flores subrayó que un 33% de los desnacionalizados son adultos mayores, muchos de los cuales también perdieron sus pensiones, aumentando su vulnerabilidad.
Asimismo, la CIDH ha documentado al menos 292 casos de nicaragüenses a quienes se les ha impedido ingresar a su propio país, configurando destierro y apatridia de facto.
Represión que trasciende fronteras
La denuncia también incluyó la dimensión transnacional de la persecución. Según Flores, el colectivo ha documentado más de 200 casos de amenazas y atentados contra exiliados, así como nueve ejecuciones en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025.
Estas acciones coinciden con las alertas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que ha advertido sobre una política sostenida de represión más allá de las fronteras del país.
Llamado urgente a la Unión Europea
Ante este panorama, Flores instó a la Unión Europea a adoptar medidas concretas, entre ellas:
- Presentar demandas contra el Estado nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia.
- Facilitar mecanismos para otorgar nacionalidad a personas apátridas.
- Mantener y reforzar la protección internacional a las víctimas.
- Impulsar denuncias ante la Corte Penal Internacional contra responsables de crímenes de lesa humanidad.
La intervención puso en evidencia que el exilio, la desnacionalización y la apatridia no son hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada del régimen para silenciar voces críticas y consolidar su control, incluso fuera de Nicaragua.