Las tensiones diplomáticas entre Guatemala y Nicaragua escalaron luego de que el canciller guatemalteco, Carlos Martínez, calificara a Daniel Ortega y Rosario Murillo como un “régimen antidemocrático”, una afirmación que provocó una respuesta de la Cancillería sandinista en Managua.
Las declaraciones del diplomático guatemalteco fueron ofrecidas durante una entrevista al diario español El País, donde aseguró que su gobierno ha mantenido una postura firme frente a la situación política nicaragüense y ha expresado condenas en distintos espacios internacionales.
El medio español preguntó al canciller guatemalteco: ¿Qué hacer frente a la dictadura en Nicaragua?
La respuesta fue: “Guatemala ha sido muy clara en condenarla. Incluso hemos recibido prisioneros nicaragüenses por cuestiones humanitarias. Mantenemos relaciones diplomáticas con Nicaragua, pero no tenemos embajador. Y hemos condenado a Nicaragua en diversos espacios regionales o mundiales. Creemos que es un régimen antidemocrático que, además, pasa por encima de su población”.
Las declaraciones representan uno de los señalamientos más directos emitidos recientemente por un alto funcionario centroamericano hacia el régimen nicaragüense.
Dictadura rechaza las declaraciones
Dos días después, la Cancillería sandinista emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica las afirmaciones del funcionario guatemalteco y las calificó como “irrespetuosas e injerencistas”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua lamenta y rechaza contundentemente las irrespetuosas e injerencistas declaraciones vertidas por el Canciller de Guatemala”, señala el documento.
La respuesta oficial también sostuvo que Nicaragua no interviene en asuntos internos de otras naciones y evitó responder directamente a los señalamientos sobre democracia y derechos políticos.
En el comunicado, el régimen nicaragüense agregó que tampoco se ha pronunciado sobre “los difíciles procesos políticos, sociales y económicos” atravesados por Guatemala.
Nueva fricción regional
Las declaraciones y la respuesta evidencian un nuevo episodio de tensión diplomática en la región, en medio de cuestionamientos internacionales por la situación política y de derechos humanos en Nicaragua.
En los últimos años distintos gobiernos, organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el cierre de espacios democráticos, la persecución a opositores, el exilio forzado y las restricciones a libertades fundamentales dentro del país.