El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa utilizando las propiedades confiscadas a opositores, periodistas y exiliados como un mecanismo de represión política y de recompensa para figuras afines al oficialismo. Así lo revela una investigación del medio Divergentes, que documenta cómo inmuebles despojados a sus propietarios terminan siendo comercializados en el mercado informal o entregados a personas cercanas al Frente Sandinista.
Uno de los casos expuestos es el de una vivienda ubicada en Villa Fontana, Managua, que pertenecía al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís y que, según la investigación, fue entregada al boxeador Román “Chocolatito” González.
De acuerdo con la publicación, el inmueble habría sido otorgado como una recompensa por el respaldo público del boxeador al sandinismo y por su participación en actividades promovidas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La investigación añade que González intentó gestionar un préstamo bancario para remodelar la vivienda, pero las entidades financieras rechazaron la solicitud debido a que se trata de una propiedad confiscada que carece de seguridad jurídica.
Actualmente, la residencia estaría ocupada por una pareja de origen asiático, aunque no se ha determinado si habita el inmueble mediante alquiler o por otra modalidad.
Otra propiedad terminó en manos de un aliado del sandinismo
El reportaje también señala que la vivienda que pertenecía a Rafaela Cerda, madre de Rafael Solís, fue entregada a Walter Castillo Sandino, promovido por el oficialismo como nieto del general Augusto C. Sandino. En esa propiedad funciona actualmente un restaurante administrado por la hija de Castillo Sandino.
La investigación sostiene que las confiscaciones han dejado de ser únicamente una medida de castigo contra opositores para convertirse también en un sistema de distribución de bienes entre personas cercanas al régimen.
Rafael Solís denuncia una ofensiva contra su familia
Rafael Solís, exmagistrado y antiguo aliado de Daniel Ortega, denunció desde su exilio en Costa Rica que el régimen confiscó propiedades pertenecientes a él y a varios miembros de su familia en Managua y San Juan del Sur.
Entre los bienes tomados por el Estado figuran el hotel Casablanca, en San Juan del Sur, propiedad de su madre; así como Plaza Isabella, un centro comercial inscrito a nombre de su hermana Ana Isabel Solís.
En febrero de 2024, según denunció el exmagistrado, agentes policiales desalojaron de su vivienda a su madre, Rafaela Cerda, de 93 años, permitiéndole salir únicamente con la ropa que llevaba puesta. Solís aseguró que ni siquiera le permitieron retirar su pasaporte ni un rosario bendecido por el papa.
Investigación advierte millonaria deuda para el país
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción y la organización Hagamos Democracia estiman que las confiscaciones ejecutadas por el régimen representan una deuda pública cercana a los 250 millones de dólares, ya que eventualmente el Estado nicaragüense podría enfrentar procesos de restitución o indemnización.
El informe compara esta práctica con la denominada “piñata” sandinista ocurrida durante la transición política de 1990, cuando numerosos bienes confiscados pasaron a manos de dirigentes vinculados al Frente Sandinista.