La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU advirtió que Nicaragua continúa inmersa en una profunda crisis de derechos humanos, marcada por la represión, el cierre del espacio cívico, las detenciones arbitrarias y un éxodo de más de 800 mil personas desde 2018. Además, alertó que las condiciones actuales ponen en grave riesgo la celebración de elecciones libres y transparentes en 2027.
Durante una actualización oral presentada este martes ante la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (HRC62), el director de la División del Consejo de Derechos Humanos y Mecanismos de Tratados de la Oficina del Alto Comisionado, Mahamane Cissé-Gouro, afirmó que la situación en Nicaragua sigue siendo “extremadamente frágil”, sin señales de mejora desde el último informe presentado al organismo.
El funcionario lamentó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúe negándose a cooperar con el Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal, los mecanismos internacionales de derechos humanos y la propia Oficina del Alto Comisionado.
Más de 800 mil personas han abandonado Nicaragua
Uno de los datos más preocupantes expuestos por Naciones Unidas es el incremento del desplazamiento forzado.
“Más de 800 mil personas han huido al extranjero en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada en 2018”, señaló Cissé-Gouro.
La ONU atribuye este éxodo al deterioro continuo de las libertades fundamentales, la persecución política y el debilitamiento sistemático del Estado de Derecho.
La ONU denuncia el desmantelamiento de la democracia
El organismo internacional sostuvo que el régimen ha vaciado de contenido las instituciones democráticas mediante una creciente concentración del poder en la Presidencia.
Asimismo, recordó que ya había advertido sobre los riesgos de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, las cuales fortalecieron aún más el control del Ejecutivo.
Según el informe, cinco partidos políticos opositores han sido prácticamente prohibidos, incluido el principal partido indígena del país, mientras el Frente Sandinista controla totalmente la Asamblea Nacional, las alcaldías y los consejos regionales del Caribe, debilitando la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Espacio cívico prácticamente cerrado
La Oficina del Alto Comisionado afirmó que en Nicaragua el espacio cívico está “casi completamente cerrado” y que cualquier expresión independiente de pensamiento u opinión continúa siendo reprimida.
Desde el inicio de la crisis, documentó:
- El cierre de 56 medios de comunicación.
- El exilio forzado de aproximadamente 300 periodistas y trabajadores de prensa.
- La cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil.
También denunció restricciones severas contra la libertad religiosa, especialmente cuando sacerdotes o instituciones eclesiales son percibidos como críticos del régimen.
A ello se suman ataques contra estudiantes, académicos, mujeres, personas LGBTIQ+ y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Advierten que no existen condiciones para elecciones libres
La ONU alertó que el clima de miedo, censura y persecución es incompatible con un proceso democrático.
Según el organismo, las condiciones actuales no permiten garantizar una participación libre y significativa de la ciudadanía en las elecciones generales previstas para 2027.
“Todo esto ha creado un clima de miedo, desconfianza y censura claramente incompatible con un entorno que garantice el ejercicio de los derechos humanos”, señaló Cissé-Gouro.
Persisten presos políticos y desapariciones
El Alto Comisionado informó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente por razones políticas.
De esos casos, al menos ocho podrían constituir desapariciones forzadas, debido a que durante largos períodos las autoridades han ocultado el paradero de los detenidos.
La ONU expresó especial preocupación por las condiciones de reclusión, particularmente de personas mayores y de quienes padecen enfermedades graves.
La muerte de Brooklyn Rivera preocupa a Naciones Unidas
Durante su intervención, la ONU mencionó expresamente la muerte bajo custodia del dirigente miskito Brooklyn Rivera, quien permaneció incomunicado durante más de dos años.
El organismo denunció que las autoridades impidieron a su familia enterrarlo conforme a sus tradiciones indígenas y posteriormente detuvieron a varios de sus familiares y allegados.
También pidió la liberación inmediata de quienes permanecen encarcelados por exigir verdad y justicia sobre el caso.
Además, indicó que 13 presos políticos presentan delicados problemas de salud, por lo que exigió atención médica inmediata.
Represión más allá de las fronteras
La ONU aseguró que la persecución del régimen también alcanza a los nicaragüenses exiliados.
Desde abril de este año, la Oficina del Alto Comisionado ha documentado al menos 16 casos de amenazas de muerte dirigidas contra opositores fuera del país.
Asimismo, denunció que cientos de nicaragüenses han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad y que miles enfrentan obstáculos para renovar sus documentos de identidad, aumentando el riesgo de apatridia.
Minería amenaza territorios indígenas
Otro de los temas abordados fue el avance de las concesiones mineras en territorios indígenas.
La ONU advirtió que la expansión de proyectos extractivos, especialmente de empresas extranjeras, representa una amenaza para la supervivencia física y cultural de los pueblos originarios.
Según el informe, más de la mitad de las concesiones mineras otorgadas durante los primeros cinco meses del año se ubican en la Costa Caribe, donde habitan la mayoría de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Organizaciones civiles citadas por la ONU sostienen que hasta una cuarta parte de los territorios indígenas ya está afectada por concesiones otorgadas sin procesos adecuados de consulta previa, libre e informada.
La ONU pide restablecer la democracia
Al concluir su intervención, la Oficina del Alto Comisionado urgió al régimen de Ortega y Murillo a revertir las reformas consideradas antidemocráticas, restablecer el Estado de Derecho, reabrir el espacio cívico y garantizar elecciones auténticamente libres.
También exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos, investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal y el restablecimiento del diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Finalmente, llamó a la comunidad internacional a mantener la atención sobre Nicaragua y a proteger a los miles de exiliados frente a la represión transnacional ejercida por el régimen.