La deuda externa de Nicaragua alcanzó los 16.352,6 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2026, equivalente al 73,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos oficiales del Banco Central.
La cifra refleja el creciente endeudamiento de un país bajo control de un régimen señalado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, que continúa comprometiendo las finanzas nacionales sin mecanismos independientes de fiscalización ni rendición de cuentas.
El informe oficial indica que el endeudamiento aumentó en 107,5 millones de dólares respecto a diciembre de 2025, cuando la deuda se ubicaba en 16.245,1 millones.
Del total, 8.923,6 millones de dólares corresponden al sector público, equivalente al 54,6 %, mientras que 7.429 millones pertenecen al sector privado.
El incremento se produjo por un aumento de 87 millones de dólares en la deuda pública y de 20,5 millones en la deuda privada.
Los datos oficiales muestran además que el régimen mantiene una fuerte dependencia del financiamiento externo.
El 42,3 % de la deuda corresponde a organismos multilaterales, el 30,5 % a acreedores bilaterales, el 3,1 % a banca comercial y el 24,1 % a proveedores y otros acreedores.
Durante el primer trimestre del año, Nicaragua recibió 890,4 millones de dólares en nuevos desembolsos, de los cuales el 87,1 % provino de acreedores privados y el resto de organismos oficiales.
Las actividades que concentraron esos recursos fueron electricidad, gas y agua; comercio; industria manufacturera; intermediación financiera; minería; construcción; administración pública y el sector agropecuario.
Al mismo tiempo, el país desembolsó 878,9 millones de dólares para atender el servicio de la deuda, incluyendo 774,9 millones en amortización de capital y 104 millones en intereses y comisiones.
Aunque el Banco Central destaca que la deuda pública mantiene condiciones financieras relativamente favorables —con un plazo promedio de 21 años y una tasa de interés de 2,88 %—, el volumen total del endeudamiento mantiene bajo presión las finanzas nacionales.
Diversos organismos internacionales han señalado además la ausencia de transparencia institucional y la eliminación de los controles democráticos sobre el manejo de los recursos públicos.
Economistas han advertido que, en ausencia de una verdadera rendición de cuentas, el incremento del endeudamiento público reduce la capacidad fiscal futura del país y traslada la carga financiera a generaciones de nicaragüenses, mientras el régimen continúa concentrando el poder político y administrando los recursos del Estado sin supervisión independiente.