El abogado y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Juan Diego Barberena, calificó como una nueva arremetida represiva la eliminación masiva de abogados y notarios del registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una medida que, afirmó, busca controlar el ejercicio profesional y eliminar cualquier espacio de independencia en Nicaragua.
Barberena aseguró que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría cancelado al menos 2.500 registros de profesionales del Derecho, lo que impide a los afectados acceder a los sistemas electrónicos del Poder Judicial y, en la práctica, les imposibilita ejercer la profesión.
“La dictadura ha cancelado al menos 2.500 registros de profesionales del Derecho, lo cual significa que ya no podemos acceder con nuestras credenciales a los sistemas de gestión del Poder Judicial ni comprobar nuestra inscripción como abogados y notarios”, denunció.
El opositor sostuvo que la medida trasciende la persecución contra abogados críticos del régimen y afecta también a profesionales que no han mantenido una posición opositora.
“Esta arremetida no solamente nos afecta a quienes somos disidentes políticos y hemos utilizado nuestras herramientas jurídicas para defender el Estado de derecho y los derechos humanos. También afecta a una gran cantidad de abogados dentro de Nicaragua, entre ellos abogados abiertamente sandinistas que han sido afectados con esta medida y que no encuentran ninguna explicación”, afirmó.
Según Barberena, la única explicación posible es el carácter totalitario del régimen.
“La explicación es el régimen totalitario, que pretende controlar cualquier profesión, cualquier movilización y cualquier acción que realizan los ciudadanos nicaragüenses. Es una explicación política, pero no necesariamente partidaria ni ideológica. Es una medida generalizada”, señaló.
El abogado advirtió que la decisión también representa un golpe al derecho al trabajo y tendrá consecuencias económicas para miles de familias.
“Condenamos este hecho porque atenta contra el derecho al trabajo de los profesionales del Derecho y contra el futuro y la sobrevivencia económica de un sinnúmero de familias nicaragüenses”, expresó.
Barberena manifestó especial preocupación por el impacto que la medida tendrá sobre las nuevas generaciones de juristas.
“Muchos de los abogados afectados son jóvenes. Estamos hablando del futuro de la reflexión jurídica del país. Lo que busca la dictadura es amedrentar e impedir esa reflexión necesaria para la reconstrucción institucional que Nicaragua necesitará una vez salga del poder”, indicó.
A juicio del opositor, la eliminación masiva de registros evidencia una persecución contra el pensamiento independiente.
La denuncia de Barberena se suma a la de abogados nicaragüenses que han informado haber sido eliminados del Registro de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia sin recibir notificación previa ni enfrentar un proceso disciplinario.
Los profesionales afectados denuncian que ya no aparecen en la base de datos oficial, lo que les impide representar clientes, acceder a los sistemas judiciales y ejercer funciones notariales.