La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una política de coerción contra los trabajadores del Estado, obligándolos a participar en las actividades partidarias organizadas con motivo del 47 aniversario de la Revolución Sandinista mediante amenazas, chantaje y represalias laborales.
“La dictadura de Ortega y Murillo obliga a los funcionarios públicos y trabajadores del Estado a participar en actividades partidarias mediante amenazas, chantaje y represión. Intentan mostrar una fuerza que no tienen”, afirmó la organización opositora.
El pronunciamiento se da mientras el sandinismo continúa desarrollando caminatas y actos políticos en distintos departamentos del país como parte de la jornada denominada “Rumbo al 47/19”.
La UNAB sostuvo que el régimen utiliza el aparato estatal para proyectar una imagen de respaldo popular, pese a que, según la organización, la asistencia a estas actividades depende cada vez más de la presión ejercida sobre los empleados públicos.
Asimismo, recordó a los trabajadores estatales que desempeñar un cargo dentro de las instituciones públicas no los convierte en responsables de las acciones del régimen.
“Los trabajadores del sector público deben tener presente que desempeñar un cargo en el Estado no los convierte en cómplices de los actos de corrupción ni de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura”, expresó.
La organización añadió que únicamente en un sistema democrático podrán garantizarse plenamente la libertad de pensamiento y los derechos laborales de los servidores públicos.
Denuncias de trabajadores públicos
Diversos trabajadores del Estado han denunciado en los últimos meses que la participación en estas actividades no es voluntaria.
Según los testimonios, las instituciones públicas reciben instrucciones para garantizar la asistencia de sus empleados a caminatas, caravanas, vigilias y al acto central del 19 de julio, bajo la advertencia de que las ausencias pueden derivar en sanciones administrativas o incluso despidos.
Las denuncias indican que en cada institución los secretarios políticos del Frente Sandinista elaboran listas de asistencia para verificar quién participa en las actividades partidarias.
Además, los trabajadores aseguran que deben asistir a jornadas políticas durante varios fines de semana previos a la celebración del 19 de julio, como parte de una estrategia de movilización permanente impulsada por el régimen.
Algunos empleados también han denunciado que se les exige enviar fotografías como prueba de asistencia a grupos de WhatsApp administrados por estructuras partidarias o publicar imágenes y mensajes de respaldo al régimen en sus redes sociales para demostrar lealtad política.