La Procuraduría General de Justicia, dirigida por la funcionaria sancionada internacionalmente Wendy Morales, asumió el control de la Dirección General de Ingresos (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA), dos instituciones que administran más del 95% de los ingresos del Estado nicaragüense, en un nuevo paso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia la concentración del poder económico y administrativo.
El traspaso de ambas entidades estuvo acompañado por despidos, renuncias y una investigación interna que culminó con la detención de Francisco José Baltodano Díaz, exdirector de Fiscalización de la DGI, señalado por presuntos ingresos no justificados en cuentas vinculadas a su nombre, según reporta el medio Confidencial.
La reorganización coloca bajo la Procuraduría el control de la recaudación tributaria, las operaciones aduaneras y buena parte de los recursos que financian al Estado.
El traslado de la DGI y la DGA a la Procuraduría elimina la autonomía que históricamente tuvieron ambas instituciones y las subordina directamente a la estructura política de la dictadura sandinista.
Instituciones clave para la economía
La DGI y la DGA concentran prácticamente toda la recaudación tributaria y aduanera del país, por lo que son consideradas piezas fundamentales para el funcionamiento de las finanzas públicas.
Además, empresarios y contribuyentes han denunciado durante años que ambas instituciones han sido utilizadas como instrumentos de presión mediante auditorías fiscales, reparos tributarios y controles administrativos.
El traslado de estas competencias a la Procuraduría incrementa la incertidumbre sobre la seguridad jurídica y podría profundizar el control político sobre la actividad económica.
Reforma constitucional amplió el poder de la Procuraduría
La medida se produce después de la reforma constitucional aprobada en 2025, que reorganizó la estructura del Estado y amplió las facultades de la Procuraduría General de Justicia.
Además de representar al Estado en procesos judiciales, la institución absorbió funciones del Ministerio Público y asumió responsabilidades relacionadas con el combate a la corrupción, la persecución de delitos, la administración de registros públicos, la supervisión del sector minero y ahora el control de impuestos y aduanas.
Wendy Morales bajo sanciones internacionales
La procuradora general Wendy Morales ha sido sancionada por Estados Unidos en dos ocasiones.
En julio de 2023 fue incorporada a la Lista Engel, y posteriormente, en marzo de 2024, el Departamento del Tesoro la sancionó por presuntas violaciones a los derechos de propiedad y por su papel en acciones vinculadas a la represión política en Nicaragua.
En esa ocasión, el entonces subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, sostuvo que Morales habría utilizado su cargo para facilitar acciones contra opositores políticos y fortalecer el aparato represivo del régimen.
Con la incorporación de la DGI y la DGA bajo su dirección, la Procuraduría pasa a controlar no solo funciones judiciales y registrales, sino también el manejo de la mayor parte de los recursos fiscales del Estado, consolidando uno de los mayores procesos de concentración institucional registrados durante el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.