El jurista nicaragüense Uriel Pineda, consultor independiente en temas de Derechos Humanos, solicitó este jueves a la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, desconocer el despojo ilegal de su nacionalidad nicaragüense por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua.
El Dr. Pineda, quien es residente permanente en México –no exiliado–, informó esta tarde que formalizó una solicitud a la Secretaria de Relaciones Exteriores de México para que “desconozca el anuncio de autoridades nicaragüenses de despojarme de mi nacionalidad por ser arbitraria y contraría a estándares internacionales en materia de DDHH”.
Más temprano este jueves, el jurista declaró a La Mesa Redonda que pediría a la Cancillería mexicana desconocer la acción ilegal del régimen que lo despojó a él y a otros 93 nicaragüenses de su ciudadanía, derechos civiles y bienes inmuebles, al acusarlos de “traición a la patria”.
“Voy a formular una petición a Cancillería mexicana para que desconozca la decisión de las autoridades nicaragüenses por ser abiertamente contraria a los derechos humanos”, dijo el jurista.
Expuso que con esta medida del régimen y al ser él residente en México, no podría utilizar su pasaporte nicaragüense y no tendría un documento de identificación oficial, “es decir, mi credencial como residente no es considerada como un documento de identificación oficial y eso acarrea muchos inconvenientes prácticos en la vida cotidiana”.
El Dr. Pineda también informó que activará los mecanismos de protección internacional de derechos humanos.
Para el jurista el despojo de su nacionalidad se debe a su ejercicio de libertad de expresión, por ser un “generador de opiniones” y por “denunciar las arbitrariedades que comete el régimen” de Ortega en Nicaragua.
“Mi único activismo en Nicaragua es ser generador de opinión pública, desde el 2018 que empecé a escribir en El Nuevo Diario, únicamente me he organizado desde mis ideas para denunciar las arbitrariedades que comete el régimen, no desde abril de 2018, sino desde el año 2008”, comentó.
“Sí afecta, obviamente para mí es una decisión espuria infundada, pero tiene implicaciones de naturaleza práctica y sobre todo es una cadena de arbitrariedades”, añadió.
El jurista explicó que la reforma a la Constitución que Ortega ordenó para despojar de la nacionalidad nicaragüense a al menos 317 personas, se hizo bajo irregularidades y arbitrariedades. “Es un adefesio lo que plantean”, apuntó.
“Esa cadena de arbitrariedades acarrea una consecuencia internacional. La comunidad internacional debe desconocer esta medida arbitraria del régimen Ortega-Murillo”, aseveró.
Asimismo, considera que el accionar del régimen es porque perdió el control al excarcelar a 222 presos políticos. Por lo que ahora busca “inmovilizar internacionalmente” las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
“La estrategia del régimen es distraernos y ocuparnos en una estrategia de defensa y afectar la coordinación de defensa desde el exilio”, anotó el jurista.