La socióloga y feminista nicaragüense María Teresa Blandón, integrante de la Sombrilla Centroamericana, dijo este jueves que espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita un fallo histórico a favor de Beatriz, una joven salvadoreña a la que el Estado de su país le negó la interrupción de un embarazo de alto riesgo en 2013.
La joven había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, razón por la cual su embarazo se consideraba de “alto riesgo”.
Además, el feto que la joven cargaba fue diagnosticado como anencefálico – no tenía desarrollado ni el cráneo ni el cerebro. El 3 de junio de 2013, Beatriz fue sometida a cesárea y el feto falleció solo cinco horas después de la labor de parto.
Beatriz falleció en octubre de 2017 tras sufrir un accidente de tránsito en una motocicleta.
Blandón sostuvo que esperan que la Corte falle a favor de Beatriz y de su familia, pues “el aborto no se resuelve criminalizando a las mujeres” que por distintas situaciones se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos.
Para la feminista nicaragüense el caso “Beatriz vs El Salvador” es “emblemático” y demuestra que los estados centroamericanos como El Salvador, Honduras y Nicaragua “le están fallando a las mujeres” en relación a la salud.
“Es también para nosotras este juicio –llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos—una reivindicación para todas las niñas que han salido embarazadas producto de una violación, para todas las mujeres pobres que no tienen recursos y que tienen que recurrir al sistema público de salud y enfrentarse a embarazos de alto riesgo, para todas las mujeres que han muerto porque los Estados punitivistas no han garantizado su derecho a la salud y a la vida”, dijo Blandón en entrevista con La Mesa Redonda.
“Si la Corte se pronuncia en favor de Beatriz y su familia, esto sentaría un precedente muy importante para El Salvador, pero también para Centroamérica. Porque no podemos seguir siendo países que se ponen al margen de acuerdos globales, de acuerdos internacionales que están vinculados no solo a reducir las altas tasas de mortalidad materna que prevalecen en América Latina, sino también de que el tema del aborto salga de los Códigos Penales y se localice en donde realmente debe estar, es un tema de salud pública, un tema de preservación de la vida de las mujeres”, añadió.
Blandón aseguró que el tema del aborto “no es un asunto de ideologías. “El aborto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, el aborto libre y seguro es un tema de salud pública”, insistió.
Sostuvo que organismos internacionales de la salud, confirman que “la penalización del aborto tiene como principal resultado el que las mujeres enfrenten embarazos de alto riesgo, embarazos no deseados y eso es contrario a los derechos humanos universales”.
“Que no sigan muriendo mujeres como secuencia de estas leyes punitivas. En los casos donde se ha despenalizado el aborto y se ha asumido como un problema de salud pública, las cifras son contundentes y claras: se reduce la mortalidad materna y se incrementan los embarazos deseados y libremente elegidos, sobre todo los embarazos saludables”, aseveró.
Además criticó que grupos que están en contra del aborto terapéutico y que se autodenominan ‘pro vida’, “exhiben una enorme misoginia, una enorme crueldad, una falta de empatía por la situación de las mujeres y de las niñas”.
PERSONAL MÉDICO CON MIEDO
Blandón también señaló que en países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, “el personal médico afirma tener miedo de poder intervenir en situaciones de embarazos de alto riesgos, incluyendo embarazos como el ectópico que es absolutamente inviable y que si se deja pasar en el tiempo puede provocar la muerte a las mujeres”.
“Los médicos tienen miedo de intervenir porque en estos países hay una ley punitiva que incluye penas que en el caso de Nicaragua –por ejemplo—van hasta los 8 años (de cárcel) al personal médico que practique un aborto a una mujer que lo necesita, aun cuando esa mujer lo haya solicitado”, anotó.
Por otro lado, aseguró que el Estado promueve que los médicos y personal de salud “denuncien a las mujeres que enfrenten emergencias obstétricas o interrupciones de alto riesgo, clandestinas y tal”.
En países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, los Estados “obligan a las niñas a cargar con embarazos que ellas no han decidido”, reprochó.
LAS MUJERES POBRES SON LAS MÁS AFECTADAS
La socióloga afirmó que existe una discriminación hacia las mujeres que buscan una interrupción del embarazo, por razones de género y por razones de clases, pues las que tienen los recursos económicos para realizarse este tipo de procedimientos, no son estigmatizadas ante la sociedad y su vida no corre riesgos.
“Ser mujer y ser pobre es una verdadera desgracia, porque se conjugan dos dimensiones de la discriminación y de la violencia; una violencia que lamentablemente viene del Estado”, expresó.
“Las mujeres pobres van a ser las más afectadas, porque ellas no tienen los recursos, ni las redes de apoyo necesarias, no es casualidad que son las mujeres pobres las que se mueren por embarazos de alto riesgo y por abortos clandestinos realizados de manera insegura”, continuó.
Tras la audiencia en la Corte IDH, las partes tienen 30 días para entregar los alegatos por escrito y después los magistrados se tomarán varios meses para debatir y llegar a una resolución.
*Foto cortesía