A juicio del Dr. Uriel Pineda, especialista en Derechos Humanos, la ilegal confiscación de los bienes y propiedades de 222 excarcelados políticos y desterrados nicaragüenses el pasado 9 de junio, se debe a la política represiva del régimen orteguista que busca “tener el control” económico sobre estas personas, específicamente de un sector que vive del arriendo de sus propiedades en Nicaragua.
El pasado viernes, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), ordenó la confiscación de los bienes de los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados en Estados Unidos el pasado 9 de febrero.
“Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua, de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos a su favor en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica; asimismo, se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y sociedades mercantiles que los condenados tengan”, dice el oficio enviado a Wendy Carolina Morales, Procuradora General de la República.
“Esta confiscación no es parte de una pena accesoria, es algo que el régimen ha hecho en represalia política para continuar con los actos de persecución contra los exreos políticos. Yo creo que la mayor parte de este grupo de 222 personas vivían de su trabajo, no tenían un gran capital, había grupos muy reducidos alrededor del 20% que tendría la posibilidad de vivir en el exilio de una o de otra renta de sus propiedades (en Nicaragua), de manera tal que la saña del régimen va a generar una situación de mayor vulnerabilidad. Supongo yo que además de generar esta situación de indefensión económica, va también un interés económico por parte del régimen para tratar de apropiarse de ese recurso”, opinó a La Mesa Redonda el jurista nicaragüense que también fue afectado con esta medida.
El Dr. Pineda señala el “doble sentido” del régimen con esta confiscación que está prohibida en la Constitución Política de Nicaragua. Primero “seguir con un acto de persecución contra estas personas y en un segundo momento tratar de que esto genere un ingreso para el régimen para subsistir en sus políticas represivas en Nicaragua”, explicó.
Reiteró que la confiscación a los 222 excarcelados políticos como al grupo de 94 personas desnacionalizadas en febrero pasado “no tiene ningún asidero legal”. “No se contempla en el Código Penal de Nicaragua como una pena accesoria, simplemente se lo han sacado de la manga como un acto de revanchismo político”, apuntó.
“La confiscación viola el derecho a la propiedad, el derecho de defensa, ya ni siquiera el régimen se ocupa por guardar las formas en esta actuación. Lo que hizo el régimen es mandar a ganarse la vida a todos estos excarcelados y esto viene a complicar la situación de estas personas. La principal saña del régimen va contra quienes tenían mayor respaldo económico”, declaró.
“Este elemento de ir sobre los bienes de las personas exreas políticas permite al régimen tener control fuera de Nicaragua sobre las personas. Buscan callar a estas personas que puedan tener un respaldo patrimonial en Nicaragua, por eso la inmovilización”, reiteró.
Según el texto judicial, los 222 excarcelados fueron declarados “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad nicaragüense y deportados, tras ser condenados por “cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo”.