El catedrático Ernesto Medina, la defensora de derechos humanos Haydee Castillo y la activista Fernanda Martínez Morales, denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la falta de libertad académica en Nicaragua, le cierre de universidades, el cierre de ONGs, la muerte, la cárcel o el exilio forzoso que receta el régimen a sus opositores y críticos.
Durante la 54° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 12 de septiembre, los tres nicaragüenses además pidieron a la comunidad internacional presionar por la liberación de todas las presas políticas.
“Soy Ernesto Medina, fui rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de la Universidad Americana. En febrero fui despojado de mi nacionalidad y de todos mis derechos, incluyendo mi pensión de jubilación”, denunció Medina, quien pidió justicia y reparación.
“Junto a Aula Abierta, organizaciones estudiantiles y sociales nicaragüenses documentamos la represión contra los estudiantes, académicos y universidades. Denunciamos las reformas de 2022 a varias leyes que han puesto el fin de la Autonomía Universitaria y la libertad académica, abriendo las puertas al cierre arbitrario y a la confiscación de más de 25 universidades, incluyendo a la Universidad Centroamericana, UCA, que funcionaba desde 1960”, Medina quien ahora vive exiliado en Alemania.
“Miles de jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios y a salir del país. La mayoría no ha podido reanudarlos porque no cuentan con la documentación necesaria para inscribirse en una nueva Universidad o no disponen de recursos económico”, añadió.
También denunció “las repercusiones de esta situación en la falta de una educación adecuada para los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Por ello, solicitó finalmente “que se exija al Estado nicaragüense cesar los ataques contra universitarios y las universidades, restituir las personerías jurídicas de las universidades que han sido sancionadas y devolverlas a sus legítimos dueños, exigir a las autoridades universitarias que entreguen el expediente académico a todos los estudiantes que lo soliciten, e investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos”.
Por su parte, la activista Haydee Castillo declaró: “Soy defensora de derechos humanos, excarcelada, exiliada y despojada de mi nacionalidad… En Nicaragua hay una guerra del régimen en contra de un pueblo desarmado, se encarcela al margen de los derechos constitucionales. Si eres disidente, las opciones son: la muerte, la cárcel o el exilio forzoso”.
“Hay campesinos durmiendo en el monte por la persecución, en los pueblos indígenas se violenta el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la puerta giratoria de hombres y mujeres encarcelados políticos en todo el país no se detiene. Las presas políticas se encuentran en huelga de hambre ante tanta violación a sus derechos”, indicó Castillo.
“La juventud fue despojada de la educación de calidad. La población es como un río forzado al exilio, un crimen de lesa humanidad. Quienes defendemos derechos somos desprestigiados fomentando odio y violencia política hacia nosotras”, detalló.
“Ninguna persona secuestrada se libra sola de su secuestrador, el régimen controla todo: las instituciones del Estado, el dinero recaudado con el terrorismo fiscal, los préstamos de la banca internacional, de los tratados de libre comercio, remesas y la cooperación internacional”, finalizó.
Mientras tanto, la activista Fernanda Daniela Martínez Morales, de la Red de Mujeres Pinoleras, dijo en la ONU ser una de las mujeres nicaragüenses exiliadas y “obligadas a desplazarnos de manera forzada a partir de 2018”.
“La abrumadora realidad que vivimos, desprotegidas ante la violencia institucional y de género”. Denunció que el régimen canceló la personería jurídica “de más de 300 organizaciones que trabajaban en pro de los derechos de las mujeres, niñez y juventud, dejando un vacío de prevención de la violencia y el acompañamiento integral de mujeres y niñas víctimas”.
“Desde hace 5 años, cientos de miles de mujeres hemos tenido que salir del país para salvaguardar nuestras vidas y no ser apresadas, pero la persecución no cesa y las que a pesar del riesgo deciden levantar la voz, son detenidas, perseguidas y encarceladas. Ahora hay 16 mujeres presas políticas, 4 de ellas detenidas el último mes, por ser defensoras de derechos humanos: Adela Espinoza, Gabriela Morales, Mayela Campos, y Damaris Hernández”, agregó.
Martínez Morales pidió al Consejo, y a la Comunidad internacional, obrar para la liberación de todas las presas políticas.
