El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles 11 de octubre, la resolución de “Rechazo a las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas y la Iglesia Católica en Nicaragua”.
La resolución considera “las medidas instituidas por el Gobierno de Nicaragua contra la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y otras instituciones educativas del país”, cuyos cierres “representan un grave atentado contra la libertad académica y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en su conjunto”.
El documento señala que “las medidas mencionadas forman parte de un curso de acción que, de manera sistémica, arbitraria y abusiva, ha afectado a más de veinte instituciones educativas del país”.
También “observan con preocupación que las acciones represivas de las autoridades en Nicaragua también han atacado a la Iglesia Católica, como lo demuestran, además de las medidas contra la Orden Jesuita, las denuncias de detenciones arbitrarias de sacerdotes, incluido el Obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, y la expulsión o prohibición de entrada al país de decenas de clérigos, monjas y laicos católicos nicaragüenses y extranjeros”.
Agrega que “estas medidas vulneran los derechos humanos y son incompatibles con los compromisos y obligaciones de Nicaragua, establecidos en instrumentos internacionales, en particular en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tales como la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de conciencia, de religión o de creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica, la libertad académica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo, entre otros”.
La resolución resuelve:
1. Instar al Gobierno de Nicaragua a que respete y garantice los derechos humanos, incluida la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica, el derecho a la educación y al trabajo.
2. Rechazar las medidas represivas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua contra las instituciones educativas y la Iglesia Católica, que afecta su integridad y funcionamiento, y que además vulneran los compromisos internacionales que ha asumido el Estado de Nicaragua.
3. Reclamar la restitución de los derechos fundamentales en Nicaragua y la protección de la educación como pilar fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad.
4. Invitar a las instituciones educativas de los Estados Miembros de la OEA a brindar el mayor apoyo posible a los profesores de las instituciones educativas afectadas por las medidas del gobierno nicaragüense, incluso a través de becas y otras oportunidades profesionales.
5. Reiterar el llamado hecho por la Asamblea General de la OEA a los Estados Miembros a través de la Resolución AG/RES. 3006 (LIII-O/23) a hacer todo lo posible a fin de alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel.
6. Encomendar a la Secretaría General de la OEA que continúe siguiendo de cerca la situación en Nicaragua y que prepare y presente, según proceda, informes para el Consejo Permanente.
Cabe recordar que en noviembre de 2021, el dictador Daniel Ortega denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y anunció el retiro “definitivo” de Nicaragua del organismo regional, tras acusarlo de “injerencista” por desconocer las votaciones generales de 2021, en las que él se auto-reeligió.