El joven nicaragüense Gender Sotelo, quien se exilió en Costa Rica desde 2018, denunció en sus redes sociales los abusos y amenazas que recibió de funcionarios de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense y de las cuales afirma, también son víctimas otras personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen.
El lunes 16 de octubre, el joven dijo a través de una transmisión en su cuenta Facebook que fue amenazado por funcionarios de Migración costarricense, quienes le habrían dicho que le “echarían” a la Policía de migración, solo por el hecho de protestar pacíficamente en demanda de una resolución que solicitó 15 días antes por su caso de solicitud de refugio.
“Me encuentro en la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, estoy ejerciendo mi derecho a la libre protesta. El día de hoy me presenté en la Dirección General de Migración y Extranjería a solicitar información sobre mi caso y sobre una resolución que interpuse. Dije que iba a iniciar una huelga de hambre y los oficiales de Migración me dijeron que me iban a echar a la Policía de Migración cuando yo solo estoy ejerciendo mi derecho a la libre protesta y a solicitar información sobre mi propio caso”, dijo el joven nicaragüense.
Sotelo se exilió en Costa Rica en octubre de 2018 e inmediatamente realizó gestiones para el estatus de refugiado. En febrero de 2021, el joven asistió a su cita de elegibilidad, pero hasta la fecha no le han dado una resolución sobre su caso.
“Ninguna persona merece ser amenazada o intimidada por ejercer su derecho a la protesta cívica y pacífica. Hago pública mi denuncia para poder contribuir a la visibilización de la situación de las personas solicitantes de refugio en Costa Rica”, expresó Sotelo en una declaración “ante las arbitrariedades sufridas en la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica”.
“Me parece que un aspecto fundamental es visibilizar que este no es un caso aislado, sino que responde a una sistemática exclusión en los procesos de regularización de las personas solicitantes de refugio en Costa Rica, sin apego a las garantías establecidas por la ley y por los instrumentos internacionales”, añadió.
“Estas situaciones van más allá de simples ‘inconvenientes’ y apuntan a una falta de voluntad política para proporcionar un servicio humanizado a las personas que se ven obligadas a huir de sus países. Además, la Unidad de Refugio, desligándose de sus responsabilidades, ha adoptado como práctica institucionalizada la judicialización de los procesos de refugio, que solo se abordan y resuelven cuando la Sala Constitucional u otro órgano judicial emite una resolución de condena en su contra”, continuó.
El joven sostuvo que lo ha vivido “representan claras violaciones sistemáticas a los derechos de las personas que solicitan refugio en Costa Rica”.
“La discriminación e ineficacia, de por sí ya eran parte de sus prácticas institucionales, sin embargo, se han acentuado a partir del 2022, a pesar de los intentos de la cooperación internacional para financiar la mejora de sus servicios”, apuntó.
Sotelo destacó que “nadie merece vivir en la incertidumbre ante un sistema incompetente que violenta tus derechos. Ningún ser humano es ilegal”.
Se supo que las autoridades costarricenses se comprometieron a analizar el caso del joven “en las próximas semanas”.
Gender Sotelo es miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y La Justicia (CUDJ).