Una investigación publicada este lunes 8 de julio por el Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas, reveló “preocupantes irregularidades” en la gestión financiera del IX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de Vivienda en Nicaragua (CEPOV), que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó iniciar en el mes de abril.
La investigación destaca la “falta de transparencia” tanto por parte de la dictadura como de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) involucradas.
“Desde 2014 hay fondos vinculados al Censo y al Sistema Estadístico Nacional (SEN) provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea. El costo del censo es una incógnita y en general toda la ejecución presupuestaria del Censo está siendo manejada bajo total hermetismo”, indicó Urnas Abiertas.
El observatorio asegura que “hay una decisión deliberada de ocultar la ejecución financiera, por tanto, es necesario señalar que la actual implementación del Censo no cumple con una adecuada supervisión del gasto y pone en tela de duda la calidad de la información que se está generando”.
“Este manejo opaco genera sospechas respecto a lo que puede haber detrás de la decisión arbitraria de las autoridades para ocultar esta información, sobre todo frente a los antecedentes del uso abusivo y discrecional por parte del Estado de los recursos públicos”, añade.
Financiamiento de las IFIs
En el marco del “Proyecto de Modernización de Sistema de Administración Financiera del Sector Público (PMSAF)”, el Banco Mundial (BM) destinó en 2014 8.9 millones de dólares para los preparativos del Censo que estaba programado para 2018, dicho préstamo que comenzó a pagarse en 2021.
En los estados financieros presentados por el MHCP y la firma auditora encargada, Grant Thornton Hernández & Asociados, S.A., y publicado por el BM en 2020, se señala que casi todo el financiamiento fue ejecutado, a pesar que el CEPOV no se llevó a cabo.
“Hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua no ha explicado cómo se relacionan estos fondos, que ya están siendo pagados por las arcas del Estado, con el Censo Nacional actual”, indica el observatorio.
Además, en 2017, se firmó un convenio con la Unión Europea administrado por el BID por más de 4 millones de dólares, destinados al fortalecimiento del SEN. El Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas ha documentado cómo estos fondos también se utilizaron de manera opaca para supuestas pruebas piloto y otras actividades no transparentes.
La preocupación aumenta al observar que los estados financieros fueron auditados por Silvio Ronald Flores Lazo, una figura implicada en casos previos de corrupción. Esta conexión pone en entredicho la credibilidad de las auditorías realizadas y la efectividad de la supervisión del gasto público en Nicaragua.
El análisis del Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas revela compras por casi medio millón de dólares ejecutadas bajo modalidades irregulares, como “Contratación Menor” y “Contratación Simplificada”. Estas prácticas no competitivas benefician a empresarios cercanos al régimen y aumentan la percepción de corrupción en la gestión del Censo.
Empadronadores con carnet de militancia sandinista
La investigación también reveló irregularidades en el trabajo de campo. Los empadronadores enfrentaron información confusa respecto a pagos adicionales y bonos, así como viáticos insuficientes.
“Las dificultades para reclutar empadronadores y las preferencias hacia aquellos con carnet de militancia sandinista indican un proceso de selección irregular”, criticó Urnas Abiertas.
El informe apunta que “la falta de transparencia en la gestión financiera del Censo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional mediante préstamos y donaciones, ensombrece estos esfuerzos y genera desconfianza en la población respecto a las estadísticas producidas”.
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