Lydia es una operaria de zona franca en Managua. Trabaja en una línea de ensamblaje de camisas en el Parque Industrial Las Mercedes y en enero de 2024 recibió una noticia que, a pesar de sonar buena, no la emocionó tanto: el régimen de Daniel Ortega, empleadores y sindicatos decidieron aumentar el salario para los trabajadores de las maquilas. La denominada “comisión tripartita” estableció un nuevo salario mínimo mensual de 8.746,46 córdobas, es decir 239 dólares al cambio oficial. En términos prácticos, un aumento de 18 dólares estadounidenses.
“Algo es algo, pero siempre resulta insuficiente. La vida está cada día más cara”, dice Lydia a EL PAÍS vía telefónica y con temor, razón por la que solicita anonimato. “Yo tengo dos niños pequeños, soy madre soltera y no tenemos de otra: nos toca hacer de tripas corazón, sobre todo con el tema de la comida”.
Con el aumento, Lydia gana ahora 8.098,46 córdobas, unos 221 dólares mensuales. Pero ese monto es insuficiente para comprar los 22 productos primarios de la canasta básica nicaragüense. “Lo que uno hace es buscar el acomodo: se come arroz, frijoles, sopas instantáneas, queso cuando se puede pagar, o en sustitución del queso pues crema, porque rinde más”, narra la mujer.
A pesar de la propaganda de bonanza que promueve el régimen de Ortega y su esposa, la “copresidenta” Rosario Murillo, un 86.8% de los nicaragüenses asegura que no pueden cubrir el costo de la canasta básica. El dato lo arroja un informe titulado Percepción de la Realidad Política, Social y Económica de Nicaragua, realizado por la organización Hagamos Democracia.
El informe independiente, basado en 200 encuestas muestrales, agrega que el 87,3% de las personas consultadas expusieron que sus ingresos no les permiten cubrir todos sus gastos mensuales y cotidianos para sus familias. Sólo el 12.7% de los consultados respondieron que sí.
Lydia está en ese grupo, entre las más afectadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Información (Inide), el costo de la canasta básica de Nicaragua en mayo de 2024 era de 20.560 córdobas, unos 555 dólares. Es decir, si Lydia invirtiera todo su salario en comprar la canasta básica apenas le alcanzaría para comprar un tercio de ella.
Para que una familia de cuatro miembros se alimente en Nicaragua, necesita comprar 14.414 córdobas (394 dólares) mensuales, sólo en comestibles. Esto quiere decir que ni siquiera con dos salarios mínimos iguales de trabajadores del Estado se puede comprar los alimentos básicos para una familia. Todo esto sin incluir los gastos del hogar: alquiler, gas, transporte, agua, luz eléctrica, jabón, detergente, pasta dental, vestuario, entre otros.
Disparidad entre salarios y poder adquisitivo
“Estos datos demuestran que, en la Nicaragua actual, tal y como está compuesto el salario en contraposición a lo que este debe cubrir, el empleo ya resulta ineficaz para generar estabilidad y solvencia a las familias, cuyas calidades de vidas van en desmedro”, indica el estudio de Hagamos Democracia.
Mientras los alimentos aumentaron entre el 26% y el 146% en los últimos seis años, el salario real —que mide el poder adquisitivo según el Banco Central de Nicaragua (BCN)— disminuyó en más del 20%. Una disparidad que los bolsillos de los ciudadanos nicaragüenses resienten cuando pagan sus alimentos.
Según los datos del Inide, en los últimos seis años los alimentos de la canasta básica —indicada para una familia de dos adultos y tres niños— han aumentado su precio en un 60%. El último precio admitido por el régimen, de 20.560 córdobas, es el más alto en los últimos 40 años en Nicaragua. El costo de los productos de la canasta básica se dispararon producto del desajuste que dejó la pandemia de coronavirus. El desajuste entre la demanda y oferta mundial disparó los precios en el mundo y por ende una inflación que no da tregua. Ese fenómeno económico golpea con fuerza a los nicaragüenses, que viven en el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití.
Precariedad de empleos y remesas
El informe de Hagamos Democracia, que se realizó a falta de datos fiables por parte del régimen Ortega-Murillo, alerta también de la precariedad de los empleos con los que cuentan los nicaragüenses. Las consultas a la ciudadanía arrojaron que la gran mayoría de las personas trabajan por cuenta propia, con el 55,3%. Esto representa un significativo aumento de casi un 10% respecto a consultas anteriores realizadas por el organismo. El 28,3% de los consultados tienen empleo formal, porcentaje que disminuyó respecto a los informes anteriores. El 16,2% no tiene empleo, lo que no ha tenido mucha variabilidad.
Hagamos Democracia concluye que el gran aumento de personas en el trabajo informal tiene repercusiones directas en su capacidad salarial para cubrir los gastos mensuales, y también tiene efectos negativos en la ausencia de contribución al sistema de seguridad social, y en la necesidad y deseo de migrar.
“Este aumento del trabajo informal pone de manifiesto la incapacidad del Gobierno para la generación de plazas laborales, y la ausencia de empleabilidad privada”, expone el informe realizado por el investigador Manuel Orozco del Diálogo Interamericano y el economista Enrique Sáenz.
Más dependencia de las remesas
Otro aspecto que destacan los expertos son las remesas familiares. Esa inyección de dinero forma una parte importante de los ingresos de 6 de cada 10 nicaragüenses consultados: el impacto de las remesas en la economía nica es tan fuerte, que sin ellas el crecimiento económico sería negativo. No obstante, a diferencia de años anteriores, las remesas son necesarias para la subsistencia mensual de las personas.
“Esto significa que las remesas ya no son para los zapatitos o la ropa que antes se compraba, ahora es para comprar la comida de la quincena y los gastos básicos”, expresó Jesús Tefel, director de Hagamos Democracia durante la presentación del informe.
Aunque las remesas, que ascendieron a 1.140,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 acorde con el BCN, son importantes para la economía del país, las familias se están volviendo dependientes de este ingreso.
Tras seis años de crisis sociopolítica, la población nicaragüense todavía mantiene un “deseo absolutamente mayoritario de migrar si pudieran hacerlo”. El 61,4% de las personas consultadas aseguraron que sí migrarían si pudieran, frente al 38,6% que respondió que no. Desde 2018, más de un millón de nicaragüenses han huido del país a causa de la persecución política y la precariedad económica.
*El PAÍS
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