El opositor y excarcelado político Félix Maradiaga denunció este miércoles 24 de julio, en una audiencia convocada por la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), la grave situación de la libertad religiosa en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La audiencia llamada “Deterioro de las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua”, contó con los testimonios de Maradiaga y de otros participantes, quienes revelaron la situación de persecución sistemática y represión contra comunidades religiosas tanto católica como evangélica.
Stephen Schneck, presidente de USCIRF, abrió la audiencia destacando el dramático deterioro de las condiciones para la práctica religiosa en Nicaragua. Maureen Ferguson y Christopher Hernandez-Roy, comisionados de USCIRF, acompañaron con análisis sobre las violaciones documentadas.
Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, expuso cómo el Frente Sandinista históricamente ha visto a la Iglesia Católica como una entidad “incómoda”.
“Durante los años ochenta, bajo la influencia de la teología de la liberación, el sandinismo invirtió mucha atención en desafiar la autoridad formal de la Iglesia Católica, lanzando además campañas de desprestigio y diversas formas de represión”, declaró.
Maradiaga detalló cómo la dictadura ha intentado cooptar y controlar a la Iglesia Católica, fracasando debido a la firmeza de los líderes religiosos como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez. Esta resistencia ha llevado a la persecución despiadada de sacerdotes, laicos y organizaciones religiosas.
“El discurso hipócritamente religioso de Rosario Murillo y Daniel Ortega ha sido acompañado de intentos sistemáticos por cooptar a la Iglesia Católica. No lo han logrado, y eso es, en parte, una de las razones de su odio desmedido. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo resiente profundamente el lugar especial que la Iglesia ocupa en el corazón de nuestro pueblo. Resienten que la Iglesia como institución y sus pastores, como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, así como cientos de sacerdotes, en comunión con la doctrina de la Iglesia, se hayan puesto del lado del pueblo y de la justicia en el contexto de las graves violaciones perpetradas por la dictadura. Esa posición moralmente correcta les ha costado cárcel, tratos inhumanos y el destierro a casi noventa religiosos católicos”, dijo.
En ese sentido, mencionó que más de 420 organizaciones religiosas han sido cerradas arbitrariamente, privando a más de 600,000 nicaragüenses de servicios esenciales de salud y educación.
La represión se extiende a las cárceles, donde los detenidos por motivos religiosos son privados de ejercer su fe. “Las personas que son arbitrariamente detenidas por razones religiosas, son impedidas de ejercer su fe incluso dentro de esos centros de detención, por ejemplo, al negárseles tener una Biblia, rezar en voz alta, o recibir la comunión”, denunció.
Maradiaga, además, denunció el cierre y confiscación de medios de comunicación católicos y evangélicos, así como la intimidación constante a las familias de los sacerdotes exiliados.
Maradiaga instó a la comunidad internacional a tomar medidas más severas contra el régimen de Ortega-Murillo. Recomendó adoptar las recomendaciones del Grupo de Expertos de la ONU y revisar acuerdos comerciales como el DR-CAFTA, argumentando que no se deberían otorgar beneficios comerciales a un estado que viola los derechos humanos fundamentales.
“Es crucial evaluar seriamente el hecho de que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con Nicaragua como es el DR-CAFTA. Me pregunto: ¿Cómo se pueden otorgar tales ventajas a un estado que viola todos los principios básicos de los derechos humanos? Muchos de los ataques a la libertad religiosa en Nicaragua han sido también actos confiscatorios de misiones internacionales, que se constituyen a violaciones al derecho de la propiedad privada. El Congreso también debe hacer uso de todas las herramientas legislativas que lleven a sanciones generalizadas más severas”, instó.
Asimismo, Maradiaga llamó a Estados Unidos a “trabajar con sus aliados para ejercer más sanciones y presiones, incluyendo la ampliación de la lista de personas e instituciones sancionadas, como el ejército”.
“Estas sanciones, como por ejemplos las leyes Magnistky existentes en varios países del mundo, no deberían venir únicamente de Estados Unidos, sino que, en la medida de lo posible, ser implementadas en coordinación con sus aliados”, concluyó.
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