La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta (IR) en un endurecimiento sin precedentes sobre esas organizaciones.
“Deróguese” el punto de la “Ley de Concertación Tributaria” donde se eximía de esa obligación a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas, según la resolución publicada hoy en el diario oficial La Gaceta, firmada por el dictador Daniel Ortega.
Con las reformas a la ley de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y bajo la de “Regulación de Agentes Extranjeros”, fueron incluidos los cambios fiscales y ahora las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado a fin de año.
La experta en temas de la Iglesia, Martha Patricia Molina, dijo en su cuenta en la red social X que el régimen busca “ahogar financieramente a la Iglesia para que caiga por su propio peso”.
José María Tojeira, portavoz de los jesuitas -cuya universidad fue confiscada en Nicaragua-, dijo a la AFP en El Salvador que “cada día es más evidente” que “hay un intento por destruir toda posibilidad de religión y de iglesia, y crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega-Murillo”.
El martes pasado, los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron las reformas que obligan a las organizaciones no gubernamentales en el país a formar “alianzas” con las instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
Las tres leyes modificadas son la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (1115), la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (1040) y la Ley de Concertación Tributaria (822).
De acuerdo con el nuevo marco legal, las ONG deberán presentar sus propuestas de colaboración a las entidades públicas a través de los ministerios correspondientes, como el Ministerio del Interior o la Cancillería, dependiendo de la naturaleza del proyecto.
En cualquiera de los casos, la dictadura se reserva el derecho de aceptar o rechazar estas propuestas.
Los cambios en la legislación implican además que el régimen debe autorizar cada alianza, supervisar su ejecución y, al culminar un proyecto, las ONG podrán proponer nuevas alianzas “siempre que se ajusten a su área de acción”.
“A partir de la fecha las ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘Alianzas de asociación’”, había adelantado el pasado viernes Rosario Murillo.
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