Destacados / Nacionales · 20/08/2024

ASAMBLEA

Orteguistas aprueban reformas que obligan a ONG a “aliarse” con instituciones estatales en Nicaragua

Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron de forma unánime las reformas y adiciones a las leyes que regulan a las organizaciones sin fines de lucro que aún quedan en el país.

Con la aprobación, el orteguismo concreta que las ONG en Nicaragua estarán obligadas a hacer “alianzas de asociación” con instituciones estatales controladas por la dictadura. Además de quitarles las exoneraciones fiscales.

Las reformadas son: Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (Ley 1115), Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040) y Ley de Concertación Tributaria (Ley 822).

Las reformas fueron ordenadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pretende controlar a las oenegés en Nicaragua.

De ahora en adelante, las oenegés deberán presentar al Ministerio del Interior (MINT) o la Cancillería “propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares, de acuerdo a su definición y/o vocación”.

La dictadura y entidades del Estado “podrán, o no, aceptar las propuestas y garantizar que se cumpla con todo lo instruido, orientado y estipulado en las Leyes de la República”.

Una vez que el Proyecto se desarrolle, ejecute y cumpla a cabalidad, el Organismo No Gubernamental puede proponer otra (una nueva) Alianza de Asociación, conforme a su naturaleza y/o campo de acción. Cada nueva Alianza de Asociación deberá cumplir con la Legislación nicaragüense en todos sus aspectos y formalidades”, dice el texto de las reformas.

Añade que “ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales, de manera que se fundamenten en un estricto propósito e intención de respeto y solidaridad”.

La dictadura argumentó que esta nueva modalidad está enmarcada en el “ordenamiento anunciado días atrás por la vicedictadora Rosario Murillo.

La dictadura Ortega-Murillo ha cancelado desde 2018 más de 5.200 oenegés, acusándolas de supuesto “lavado de dinero” e incumplir las leyes en Nicaragua.

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