Una delegación de la denominada Coalición Nicaragua Lucha, conformada por 16 víctimas directas, familiares, defensores de derechos, y representantes de movimientos sociales y pueblos indígenas y afrodescendientes, denunciaron la grave situación de los Derechos Humanos en Nicaragua durante las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, en Ginebra, Suiza.

Acompañada por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDHE) y la Redprodepaz-Nicaragua, que agrupa a 45 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, la Coalición presentó un conjunto de informes y denuncias sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado nicaragüense.

“Vamos a continuar denunciando que aún el  Estado de Nicaragua no responde por todas las muertes de nuestros jóvenes y el 2019 ha negado su responsabilidad con su narrativa de que nuestros hijos que protestaban pacíficamente querían dar un golpe o que eran terroristas. La impunidad alienta además la continuidad de estas violaciones de derechos, y en especial el derecho a la vida. Y no lo vamos a permitir”, señaló Josefa Meza de la Asociación de Madres de Abril (AMA).

En un comunicado conjunto, la Coalición subraya el significativo trabajo de las personas exiliadas forzadas, muchas de las cuales se han convertido en defensores de derechos en su nuevo entorno, a pesar de que su labor a menudo es invisibilizada por la magnitud de la crisis en Nicaragua.

Los informes presentados en Ginebra destacan el cierre de aproximadamente 5000 ONGs, la detención de al menos 151 personas por motivos políticos, y la solicitud de asilo o refugio de alrededor de 440,000 nicaragüenses desde 2018. Meza señaló que estos datos podrían estar subestimados debido al miedo y al hostigamiento que enfrentan las víctimas al intentar denunciar los abusos.

“El impacto dentro del país es que tenemos a una población totalmente indefensa, despojada de todos sus derechos, tanto derecho de asociación que nos afecta mucho, derecho a exigir justicia , exigir a las instancias judiciales que investiguen, todos esos derechos han sido cercenados a la población sobre todo con la aprobación de nuevas leyes como la ley de amnistía, entre otras”, denunció Meza quien es una de las exiliadas forzadas del régimen que además usa el despojo arbitraria de nacionalidad para expulsar del país a aquellos que ve como una amenaza.

Los informes de la Coalición muestran que el Estado nicaragüense no ha avanzado en el cumplimiento de las 135 recomendaciones emitidas por 96 países en el ciclo anterior del EPU en 2019. En cambio, la situación parece haber empeorado bajo el régimen autoritario de Ortega, que perpetúa la represión en un marco de impunidad.

La Coalición hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU y otros sistemas internacionales para que ejerzan presión sobre el régimen de Daniel Ortega, instando a seguir el ejemplo de Argentina al activar su jurisdicción universal para buscar justicia por las víctimas de la represión del régimen.

“Urge que los estados miembros de la ONU, y otros sistemas internacionales nos apoyen y ejerzan presión sobre esta dictadura, para que se pueda lograr y podamos obtener justicia sin impunidad” indicó Meza.

“Recordamos que para la defensa de los DDHH y la restauración democrática en Nicaragua, sigue siendo fundamental la fuerza transformadora del compromiso de la Comunidad Internacional”, señaló la Coalición.