El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) expresó su condena ante el destierro arbitrario de Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de la diócesis de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

Monseñor Carlos Enrique Herrera, fue secuestrado y posteriormente desterrado a Guatemala ayer miércoles, por orden de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La acción represiva se produjo tras una denuncia pública realizada por el obispo en la que calificó como “sacrilegio” el comportamiento del alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno, quien durante una misa interrumpió misa con ruidos de altos parlantes y música.

Para CALIDH el destierro de Monseñor Herrera es, además, una manifestación clara de que el régimen continúa perpetrando un crimen de lesa humanidad en contra de los nicaragüenses, en particular de aquellos que defienden la libertad religiosa.

El organismo destacó tres elementos que muestran la gravedad de esta expulsión:

1. El cargo de Monseñor Herrera: Monseñor Herrera no solo es un líder religioso de gran importancia en Nicaragua, sino que ocupa el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, órgano que agrupa a los obispos del país. Su destierro, por tanto, es un ataque contra la estructura misma de la Iglesia Católica nicaragüense.

2. La continuidad de la represión: Este es el tercer obispo secuestrado y expulsado del país en menos de un año, lo que evidencia una estrategia sistemática del régimen para desmantelar la presencia de la Iglesia en la vida pública y espiritual de Nicaragua.

3. La edad avanzada de Monseñor Herrera: A sus 75 años, el hecho de que Monseñor Herrera haya sido desterrado es una muestra de la perversidad y crueldad con la que el régimen ha actuado. La expulsión de un adulto mayor no solo pone en evidencia la naturaleza despiadada de este acto, sino que también plantea serias preocupaciones sobre su salud y bienestar en el exilio.

CALIDH sostiene que la finalidad del régimen de Ortega y Murillo con este ataque continuo es doble: “destruir la Iglesia Católica” como institución en Nicaragua y “vaciarla de sus ministros”, generando un vacío de autoridad espiritual que permita al régimen imponer su propio control.

“Más la libertad religiosa incluye el ejercicio de la reflexión interna, y por mucho que el gobierno busque destruir a la Iglesia, en la conciencia de los nicaragüenses está claro que no hay paz, nada está normal, de que las violaciones de derechos humanos siguen y de que estos actos brutales son crímenes de lesa humanidad”, señaló CALIDH.