El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) informó este lunes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abierto formalmente una denuncia contra el Estado de Nicaragua en el caso del preso político Fanor Ramos, ex miembro de la Policía, quien fue detenido en 2019 tras negarse a participar en actividades paramilitares contra el pueblo nicaragüense.

Según el informe de CALIDH, la denuncia presentada ante la CIDH incluye las brutales torturas sufridas por Ramos durante su encarcelamiento, así como los graves efectos que estas violaciones han tenido sobre su familia.

“El día de hoy la CIDH ha abierto la denuncia interpuesta por CALIDH en contra del Estado criminal por las brutales torturas contra Ramos y los efectos en su familia”, señaló CALIDH en su cuenta de X.

Según CALIDH, la denuncia busca que el organismo regional declare la responsabilidad de Nicaragua en una serie de violaciones a los derechos humanos.

“CALIDH espera que la CIDH declare que Nicaragua es responsable por la persecución a la que ha sido sometido Ramos desde su baja arbitraria como policía en 2010, el castigo con cárcel por negarse a ser paramilitar, el estado de discapacidad parcial de uno de sus hijos, Fanor Salvador, por un perdigozano en su pierna en las manifestaciones de abril y el exilio de sus hijos, además de Fanor Salvador, Silvia y Santiago, por temor a ser apresados, entre otros hechos graves”, detalló.

Fanor Ramos, un ex oficial de la Policía, estuvo al servicio de la institución por 25 años, donde se destacó como especialista en tácticas y armas, y fue reconocido como francotirador. Fue dado de baja de manera arbitraria en 2010 bajo el argumento de “falta de idoneidad”, a pesar de su carrera en la Policía.

Sin embargo, en 2018, tras negarse a unirse a las fuerzas paramilitares del régimen de Ortega, Ramos optó por exiliarse con su familia en Costa Rica, buscando escapar de la persecución.

En 2019, Ramos regresó a Nicaragua, pero fue detenido en diciembre de ese mismo año y acusado de “almacenamiento de droga”, un cargo ampliamente considerado como fabricado.

Fue condenado a 8 años de prisión y multado con 34.000 córdobas. A pesar de las acusaciones y la condena, diversas organizaciones de derechos humanos han insistido en que su encarcelamiento tiene un carácter estrictamente político.

El caso de Ramos ha sido objeto de seguimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a favor de su seguridad.

CALIDH también destacó que la semana pasada envió el expediente completo del caso de Fanor Ramos al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), con el objetivo de que se tome en cuenta la situación de los presos políticos en Nicaragua.