El Gobierno de Panamá elevó este martes la presión diplomática contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al llamar a consultas a su embajador en Managua, luego de rechazar las declaraciones del dictador nicaragüense en las que afirmó que en el país no volverán a celebrarse elecciones.
En un comunicado oficial, la Cancillería panameña calificó como un “grave hecho” el anuncio realizado por Ortega durante el acto del pasado 19 de julio, cuando aseguró que no permitirá procesos electorales que puedan llevar a la oposición al poder.
“Suprimir este derecho fundamental representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá al referirse al derecho al voto.
Como respuesta, el Ejecutivo panameño convocó a consultas en Ciudad de Panamá a su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, una medida que implica el retiro temporal del representante diplomático y una reducción del nivel de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Panamá defiende las elecciones libres
El gobierno panameño reafirmó su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos.
Asimismo, recordó que el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad y subrayó que las elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas son una condición indispensable para la vigencia de la democracia.
El comunicado también hace un llamado a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar condiciones para que todas las voces puedan participar libremente en la vida pública de Nicaragua.
Se suma a la presión internacional
Con esta decisión, Panamá se convierte en el tercer país del continente que responde oficialmente al anuncio de Ortega.
Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las declaraciones de Ortega dejan al descubierto su “verdadera naturaleza autoritaria” y sostuvo que abolir las elecciones demuestra el temor del régimen a la voluntad del pueblo nicaragüense.
Un día antes, Costa Rica también expresó su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y reiteró que nunca reconoció las elecciones de 2021 por carecer de garantías democráticas, una posición que provocó una airada respuesta de la Cancillería nicaragüense, que calificó esas declaraciones como «atrevidas».
