La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles 27 de noviembre, la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que modifica más de cien artículos, y señaló que esta “consolida un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos”.

El pasado 22de noviembre, los diputados de facto en la Asamblea Ncional aprobaron reformar la Constitución, para establecer la “copresidencia” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y otorgarles control sobre los poderes del Estado.

La CIDH sostuvo que uno de los cambios más preocupantes, es “el modelo de ‘democracia directa’ que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta con mandatos de seis años”.

“Este modelo elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo. Además, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los principios fundamentales de la Constitución reformada”, señaló.

La CIDH también criticó que la reforma se refuerza el control de los dictadores sobre las fuerzas armadas y policiales, “asegurando un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación”.

“Se facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la ‘estabilidad de la República’ para reprimir a la oposición. Asimismo, se oficializa la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar compuesto por ciudadanos voluntarios, cuya actuación ha sido vinculada a actos represivos desde las protestas iniciadas en 2018. Estas medidas consolidan un entorno de militarización y control social, profundizando la capacidad del régimen para sofocar cualquier disidencia”, reprochó el organismo.

La CIDH advierte que estas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

“La reforma formaliza la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Proceso ampliamente documentado por la CIDH en su informe Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, que identificó la ruptura de los principios democráticos y la subordinación de todas las instituciones públicas desde la crisis de derechos humanos de 2018”, indicó.

La CIDH hizo un “llamado urgente” a la comunidad internacional para que “redoble esfuerzos encaminados a promover la restauración de la democracia en Nicaragua”. Asimismo, exhortó a adoptar medidas coordinadas y efectivas para proteger los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y salvaguardar los principios democráticos en la región.