El dictador Daniel Ortega, envió este miércoles a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca controlar el uso de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados, es decir, drones, en todo el territorio nacional. La propuesta “Ley para la regulación y empleo de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados” prohíbe el uso de estos dispositivos cerca de El Carmen en Managua donde viven los dictadores y de instalaciones militares y policiales.

El texto de la iniciativa de ley, prohíbe a personas naturales y jurídicas el uso de drones en todo el país, incluyendo áreas como aguas jurisdiccionales, espacio aéreo y territorio continental.

Según el artículo 3, la única entidad autorizada para aprobar el uso de estos medios será la “Presidencia de la República”, a través de la Autoridad de Aplicación de la ley. Además, el Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior están autorizados para emplear drones con fines de seguridad nacional y ciudadana.

La ley también establece zonas de prohibición para el sobrevuelo de drones, que incluyen unidades militares y policiales, áreas aeronáuticas restringidas, así como otros objetivos de interés estratégico para la “defensa y seguridad” del país.

Además, la iniciativa contempla excepciones, permitiendo el uso de drones con fines científicos, de búsqueda y rescate, o para eventos turísticos y culturales, siempre con la autorización de los dictadores.

El Ministerio del Interior será la autoridad encargada de implementar y supervisar la ley. Entre sus atribuciones, se encuentra la de llevar un inventario de los drones existentes en el país, así como el control y registro de los mismos.

Cualquier persona o entidad que ya posea drones deberá entregarlos al Ministerio en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la ley, bajo pena de sanciones administrativas o judiciales.

En cuanto a las prohibiciones, el proyecto de ley establece una serie de restricciones sobre las áreas donde no se permitirá el sobrevuelo de drones, como: “Presidencia de la República, sedes de los Órganos del Estado, Comandancia General del Ejército de Nicaragua, Jefatura Nacional de la Policía Nacional, Ministerio del Interior, áreas restringidas aeronáuticas, infraestructuras críticas, objetivos estratégicos, unidades militares, policiales y dependencias subordinadas al Ministerio del Interior”.

La propuesta legislativa establece sanciones tanto administrativas como penales para aquellos que contravengan las disposiciones de la ley.