En una reciente entrevista, el abogado experto en derechos humanos, Dr. Uriel Pineda, ofreció su análisis sobre la condena impuesta al Estado de Nicaragua por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con las violaciones a los derechos políticos durante el proceso electoral de 2011, donde Fabio Gadea Mantilla fue candidato a la presidencia.
La sentencia señala la “falta de integridad del proceso electoral” de 2011 y denuncia el uso “abusivo del aparato estatal” para garantizar la reelección del dictador Daniel Ortega.
Esta sentencia declaró al Estado nicaragüense como responsable de violar los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla, quien como candidato presidencial en el proceso de 2011 denunció irregularidades, incluida la ilegalidad de la reelección presidencial.
En entrevista con La Mesa Redonda, el Dr. Pineda explicó que la sentencia de la Corte IDH destaca dos violaciones fundamentales: los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses y la falta de acceso a un recurso efectivo para proteger estos derechos.
“Es una resolución de gran calado en el entendido de que, no solo se demuestra que Daniel Ortega es ilegítimo de origen, sino que también da una tarea a la transición democrática en Nicaragua para formular un proceso electoral más equitativo y sobre todo, adecuarse o ajustarse a estándares interamericanos de una participación electoral competitiva”, declaró Pineda.
Violación de los derechos políticos
Según Pineda, el fallo de la Corte refleja una clara violación al derecho político de participación, un principio esencial de la democracia. La Corte no solo reconoce que Fabio Gadea Mantilla fue privado de participar en igualdad de condiciones, sino que amplía el alcance de la violación al considerar también el derecho de los ciudadanos nicaragüenses a participar en un proceso electoral genuino y libre, una condición que no estuvo presente en los comicios de 2011.
El experto destacó que esta sentencia es crucial, ya que subraya una cuestión fundamental que ya había sido planteada en 2005, cuando Nicaragua fue condenada por el caso YATAMA. En esa ocasión, el país fue señalado por no contar con recursos efectivos para proteger los derechos políticos, específicamente en materia electoral.
“Ya Nicaragua había sido condenada en el año 2005 por el caso YATAMA, siempre sobre derechos políticos por tener un esquema electoral inadecuado, porque no existen recursos efectivos en Nicaragua para proteger los derechos políticos electorales”, recordó Pineda.
En esta ocasión “no solo se violó el derecho de Fabio Gadea Mantilla a participar en condiciones de igualdad en un proceso electoral, sino que se violó el derecho del electorado nicaragüense”, apuntó.
“Estamos prácticamente a 20 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó Nicaragua por no tener un recurso efectivo en materia electoral, y eso persiste”, indicó Pineda.
La cuestión de la reelección indefinida y la reforma Constitucional
Un aspecto clave del fallo, según Pineda, es la discusión en torno a la reelección indefinida, un tema central en la política nicaragüense tras la reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega en 2014.
La Corte, al abordar la sentencia 504 de la Corte Suprema de Nicaragua, considera que la reelección indefinida es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“La Corte dice un momento ‘esto es incompatible con los estándares interamericanos’. Pero no es lo único incompatible, es la deformación que conlleva y dice ‘saben que la reelección indefinida es incompatible con el espíritu y la esencia de la convención americana de derechos humanos”, explicó Pineda.
Impacto político y posibles repercusiones internacionales
El análisis de Pineda también abordó las repercusiones políticas del fallo, tanto a nivel interno como internacional. En su opinión, la sentencia puede ser un factor clave para fortalecer la oposición nicaragüense en su lucha por una transición democrática.
La Corte IDH deja claro que el régimen de Ortega, especialmente en lo que respecta a su legitimidad, está cuestionado desde una perspectiva de derechos humanos.
“Aquí hay elementos y argumentos suficientes para efectivamente invocar la falta de legitimidad de Ortega. Y naturalmente dependiendo del nivel de apertura que cada país otorgue, no solo el efecto del reconocimiento, sino el propio trato a Ortega, porque en el ejercicio del poder Daniel Ortega es absolutamente ilegítimo y su interlocución internacional queda limitada queda restringida”, explicó.
“En la medida en que la oposición y los actores por la libertad y la democracia en Nicaragua capitalicen esto, pueden elevar el costo político en las diferentes democracias de la región por tener relaciones con el régimen de Daniel Ortega o por darle algún nivel de apertura en esa interacción”, agregó.
Sin embargo, Pineda también señaló que, aunque el fallo es significativo, no será suficiente por sí solo para poner fin al régimen.
“El tema es que se deben de sumar dos acciones: uno, la presión internacional; pero también tiene que haber cierto cambio de circunstancia a lo interno del país, cierto detonante que cambien esta correlación de fuerza. Si bien esto abona a uno de estos objetivos, no esperemos que venga de la comunidad internacional la estocada final para que termine el régimen de Daniel Ortega”, apuntó el abogado.
¿Nulidad de actos de Ortega desde 2011?
Respecto a la interpretación de algunos abogados que sugieren que la sentencia podría invalidar todo lo actuado por el régimen de Ortega desde 2011, Pineda sostuvo que, aunque en términos legales es una posibilidad, en la práctica la situación es más compleja.
“Lo cierto es que en la práctica Ortega ha ejercido el poder, en la práctica lo sigue ejerciendo junto con Rosario Murillo, y lo sigue reconociendo la comunidad internacional. Sin embargo en términos prácticos, lo cierto es que hay un desmantelamiento del Estado derecho y lo urgente es la construcción de un estado derecho”, destacó.
Explicó que “una vez que haya una transición democrática, el restablecimiento de la democracia puede hacer regresar en el tiempo todas aquellas normativas arbitrarias que adoptó Ortega para llegar a un punto de consenso donde se pueda edificar o simplemente se puede descartar todo y partir de cero, como ocurrió tras el derrocamiento de la dictadura somocista”.
El Dr. Uriel Pineda concluyó que la sentencia de la Corte IDH es un paso significativo hacia la restauración del Estado de derecho en Nicaragua, aunque advirtió que la lucha por la democracia aún está lejos de su culminación.
“Yo creo que tarde o temprano tiene que haber un cambio indudablemente en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo no son inmortales, hay un deterioro sensible en el estado de derecho, básicamente hay una anulación del Estado de derecho en Nicaragua. Pero más temprano que tarde tienen que implementarse esos ajustes”, sostuvo el experto.