El Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado en la ONU para Nicaragua acusó al Ejército de Nicaragua -junto a la Policía y paramilitares- de hacer “uso excesivo y letal de la fuerza para reprimir manifestaciones y desmantelar barricadas, lo que provocó centenares de ejecuciones extrajudiciales y otras lesiones corporales graves”.
Según un informe divulgado este miércoles por la ONU, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recrudecido su estrategia autoritaria y la persecución de la disidencia en los últimos años, hasta el punto de prácticamente “fusionar” las instituciones del Estado con los intereses de su propio partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para instaurar “una maquinaria unificada de represión” con efectos dentro y fuera de Nicaragua.
Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestra que el Ejército nicaragüense participó junto con la Policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
La investigación y toda la información reunida por el grupo de expertos señalan que Ortega y Murillo “han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario”, donde ya no quedan instituciones independientes, ni voces disidentes porque éstas han sido silenciadas tras una persecución que va más allá de las fronteras del país.
Para los expertos, el golpe definitivo al Estado de derecho ha sido la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero y que puso “de facto” todos los poderes del Estado al servicio de los dictadores.
Con testimonios de varios testigos, el informe detalla cómo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El documento expuesto hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, incluye un anexo con una suerte de organigrama que ilustra la cadena de mando de arriba hacia abajo.
Hasta ahora 452 nicaragüenses han sido arbitrariamente despojados de su nacionalidad, tras una última acción de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.
“Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo”, comentó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.
Asimismo, los expertos señalaron que algunas de las violaciones que figuran en este último informe siguen los patrones previos de crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos.
En este sentido, el grupo indicó que ha elaborado una lista de personas que -además de Ortega y Murillo- considera responsables de esas violaciones y crímenes, y que será hecha pública antes de que concluya la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, el próximo 4 de abril.
Sobre lo que se puede hacer ante esta situación, el informe indica que la inacción de la comunidad internacional “fortalece al régimen y prolonga el sufrimiento del pueblo nicaragüense”, por lo que recomienda que se tomen acciones legales contra el Estado Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CPI).
Asimismo, piden que los gobiernos faciliten procedimientos de asilos rápidos y justos, y el reconocimiento de los títulos de los profesionales nicaragüenses exiliados.